El Fiscal de Instrucción Luis Saragusti, interpuso un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Control que ordenó la falta de mérito para la elevación a juicio de la causa «Solange Musse».
La Cámara en turno de Río Cuarto deberá resolver el recurso de apelación. Para el fiscal Saragusti, la resolución del Juzgado de Control provoca un «daño irreparable» y cuestionó la decisión del juez.
El magistrado sostiene que el juez «omite valorar prueba y efectúa un análisis parcial e incompleto del material probatorio, sin tener en cuenta el contexto de las restricciones en virtud de la pandemia COVID-19, efectuando además recomendaciones sobre cómo debiera este Ministerio valorar el probatorio ya incorporado».
Asimismo considera que las resolución del juzgado de Control, «implica retrotraer el proceso y paralizar la causa, en las presentes condiciones causaría una serie de perjuicios como la posibilidad de que los delitos prescriban. Prolongando la situación de los imputados sin juicio y la situación de las víctimas»
Finalmente, el fiscal Saragusti, destacó la necesidad de dar «una respuesta por parte de la Justicia en relación a una situación que involucra a funcionarios del Estado en un contexto en el que restringieron y vulneraron derechos constitucionales».
Por su parte, el padre de Solange, Pablo Musse, en declaraciones a ElDoce.tv sostuvo, «por parte de los jueces uno espera, como dicen ellos, el momento histórico para hacer justicia y parece que no existe. Van dos años que llevamos dando vueltas».
Cabe recordar que Musse intentaba entrar a Córdoba desde La Pampa, tras partir de su domicilio de Plottier, en Neuquén, y atravesar la provincia de Río Negro el 16 de agosto de 2020 para dar el último adiós a su hija, de 35 años, que padecía un cáncer terminal, y era tratada en la ciudad de Córdoba.
Presentó la documentación requerida para viajar, lo que incluía el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Plottier, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa.
Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
Los imputados en la causa son el médico Eduardo Javier Andrada y la trabajadora Analía Morales (del ex COE, Centros de Operaciones de Emergencia), como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El cirujano Sergio José Alí, (del ex COE) como posible partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes; y el suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio.
