En el tramo entre las rutas E-53 y A-174, la instalación de nuevas cabinas de peaje y el aumento significativo de las tarifas han generado un fuerte descontento entre los vecinos de Mendiolaza, Estación Juárez Celman y otras localidades cercanas. Organizaciones civiles y comisiones vecinales están en lucha desde hace meses para conseguir respuestas.
Desde el año pasado, la tarifa de peaje se ha incrementado de $ 300 a $ 800 pesos y se espera que llegue a $ 1.000 próximamente, lo que ha generado un fuerte rechazo por los habitantes del Área Metropolitana de Córdoba.
Juan Carlos Stauber, docente y miembro del Sayana Centro Cultural de Mendiolaza, ha sido una de las voces más activas en la protesta. En una entrevista con HOY DÍA CÓRDOBA, el profesor comenta que vienen trabajando en conjunto con comisiones vecinales y asociaciones civiles para visibilizar la problemática.
La movilización vecinal comenzó a finales del año pasado, y este año ha cobrado mayor fuerza con reuniones y protestas en los puntos de peaje los días viernes. En ese marco, Stauber resaltó tres puntos importantes que generan un clima de total descontento y desesperanza.
Por un lado, los precios de peajes que no diferencia usos ni frecuencias y que obliga a quienes viajan todos los días a pagar una desmedida cantidad de dinero. Pero además de ello, se suma una circunstancia que describe como totalmente “irónica”.
De acuerdo a lo narrado, hay barrios de la ciudad de Córdoba que están dentro del ejido, pero que han quedado fuera del peaje y para ingresar a su propia ciudad deben pagar. Los residentes de barrios como El Talar, Las Corzuelas y Campo Norte al igual que algunos habitantes de La Calera son los más afectados. La situación se extenderá ahora a vecinos de Estación Juárez Celman, quienes próximamente tendrán que pagar peaje para acceder a su propia ciudad debido a la instalación de una cabina en el segundo anillo de circunvalación.
La misma se encuentra a 4 kilómetros de otra y ya tiene un precio establecido aunque solo han construido 12 kilómetros de ruta. “Es irónico y muestra una falta de planificación y consideración hacia los ciudadanos”, afirmó Stauber, y luego agregó: “No se trata de una empresa privada, el principal accionista de Caminos de las Sierras es la Provincia”. Esto se agrava con la falta de vías alternativas, ya que los caminos paralelos están llenos de basura, sin iluminación y con el peligro de recibir piedrazos que terminan en robos.
Las autoridades no habilitan canales de diálogo y resolución
Las respuestas de las autoridades frente al reclamo constante es enviar policías y patrulleros a las protestas en vez de establecer un diálogo con los damnificados. “A esta altura ni siquiera pedimos una charla mutua, sino que simplemente nos escuchen”, explicó Juan Carlos Stauber.
Las acciones han incluido peticiones formales y reuniones con legisladores de distintas tintas políticas como Ileana Quaglino, Luciana Echeverría y Dante Rossi, aunque ninguna logró una respuesta. “Ahora estamos apelando a la Unión de Usuarios de Consumidores o a la vicegobernadora Myrian Prunotto, para ver si de este modo podemos conseguir que un ser humano que nos atienda”, afirma Stauber.
Pero la realidad es que solamente el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, se ha posicionado a favor de los vecinos y se genera un sentimiento de desesperanza entre la gente de la zona.
“Hasta hace menos de un mes éramos más de 1000 organizados por WhatsApp, pero la falta de respuesta ha desanimado a muchos”, dice Stauber. Aunque luego agrega: “Queremos seguir creyendo en nuestros representantes y en que la palabra vale más que las protestas en la calle. Esperamos que se apelen al diálogo racional con la gente”. Mientras tanto, las protestas seguirán siendo el recurso para obtener una solución justa.
