Por Marcelo Lucero
Desde la sanción de ley provincial de Salud Mental número 9.848 -hace 11 años- hasta hoy, las partidas destinadas al área en nuestra provincia se mantuvieron sin modificaciones, pese a que se había establecido su incremento gradual. No obstante, con el arribo de la pandemia de Covid-19, el sector sufrió una fuerte desinversión que redundó en la falta de personal y externaciones de pacientes que, al no contar con suficientes dispositivos intermedios que ayuden a continuar sus tratamientos, quedaron en la calle.
Así lo aseguró Iván Ase, médico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien explicó en diálogo con HOY DÍA CÓRDOBA, que las “personas que ya tenían trastornos de salud mental antes, el encierro y la caída de los servicios” agravaron sus cuadros, “y mucha gente que no tenía trastornos de salud mental antes de la pandemia los ha empezado a tener ahora”. “Nosotros estamos trabajando en una situación casi de normalidad. Lo que sucede es que hay servicios que no se pueden recuperar por la falta o escasez de personal”, explicó.
Esta situación provoca una inadecuada aplicación de la mencionada norma, al achicar los manicomios, pero no ofrecer instituciones intermedias suficientes que acojan a los pacientes que finalizan las internaciones. “Vos tenés una enorme cantidad de pacientes externados de las colonias (Hospital Emilio Vidal Abal en Olvida y de Santa María) en nombre de la Ley de Salud Mental, porque hay que achicar los manicomios, pero son pacientes que pasan a ser personas en situación de calle (…). Es cierto que se achica la cantidad de personas internadas, pero no se abren los dispositivos alternativos no manicomiales. No hay dispositivos sustitutos, no hay dispositivos que se hagan cargo de esa persona que va a dejar de ser atendida por el hospital psiquiátrico, por el manicomio”.
Históricamente, la Provincia destinó entre un 6% y un poco más del 7% del presupuesto de Salud al ítem de Salud Mental y la situación se repite en el proyecto para el año próximo, donde se destina el 7,30% ($ 4.749.381.000) del total de Salud. En los últimos 10 años se puede observar una mínima subejecución de lo previsto, que desde 2020 se acentúa. “A partir del 2018 y 2019 ha empezado un proceso de disminución de ese porcentaje que, inclusive en 2020, el año de la pandemia, el presupuesto de Salud Mental pasó a ser el 4,57% (ejecutado). Y este año, si vos mirás la ejecución presupuestaria hasta el 30 de septiembre, que es lo que está publicado, el presupuesto de Salud Mental pasó a ser el 4,10%”, detalló Ase y agregó que, en el rubro personal, la ejecución al 30 de septiembre es del 54%, cuando debería ser del 75%.
Al respecto, Ase sostiene que el sector atraviesa “una situación de congelamiento de vacantes desde hace tres años, donde las personas que se jubilan, renuncian, fallecen, que dejan los cargos por alguna razón, no son reemplazadas o son reemplazadas de manera muy precaria”. “La única explicación que hay es el enorme ajuste que están haciendo en el personal”, afirmó el investigador y agregó: “No hay manera de ampliar derechos sin recursos. La ampliación de derechos tiene que tener una contraparte que es la disponibilidad de recursos por parte del Estado. Si esos recursos no están, la ampliación de derechos pasa a ser pura retórica. Es una promesa, pero la irá a cumplir vaya a saber quién.
