La madre de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado durante un operativo policial realizado el 25 de octubre de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus, en la localidad cordobesa de Paso Viejo, aseguró ayer al declarar como testigo en el juicio que está “muerta en vida” y que es “la voz” de su “hijo pidiendo justicia”.
“Siento que estoy muerta en vida, siento un gran vacío en mí, un dolor en el pecho que sé que va estar en mí hasta el día de mi muerte”, declaró Nélida Soledad Paredes, madre de Joaquín.
Al declarar como testigo en la sede judicial ubicada en Cruz del Eje, en el noreste de Córdoba, la mujer añadió: “Hoy estoy aquí por él, soy la voz de él pidiendo justicia, la Policía no tiene derecho a matarlo así”.
Fuentes judiciales informaron que previamente se negó a declarar ante el tribunal Maykel Mercedes López (25), quien es el único de los seis policías que son juzgados en llegar al debate oral detenido, como acusado de ser el autor del «homicidio agravado por el uso de arma de fuego» de Paredes (15).
Asimismo, los policías Jorge Luis Gómez (34); Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27); y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43) coincidieron al declarar que el día del hecho intentaron dispersar al grupo de jóvenes por la prohibición de reuniones sociales, que recibieron agresiones a pedradas, y algunos de ellos reconocieron haber hecho disparos al aire con fines disuasivos.
Fernández Aliendro aseguró que recibió un “piedrazo” en uno de sus brazos y que temió “por su vida en ese momento”. Los otros dos policías que son juzgados son Iván Alexis Luna y Enzo Ricardo Alvarado, quienes declararon el lunes pasado en igual sentido.
Luna está imputado de las «lesiones graves» del amigo del fallecido; Sosa Gallardo solo enfrenta cargos por «amenazas calificadas», y Alvarado, Gómez y Aliendro por «omisión de los deberes» y «disparo de arma de fuego calificado».
Mientras que un amigo de Joaquín declaró como testigo que ante los disparos salió corriendo junto a sus amigos y que él fue herido junto a la víctima, tras lo cual fueron llevados ambos en ambulancia, pero el adolescente ya no le “respondía”.
Por último, también declararon la enfermera Natalia Villagra y el comisario inspector Carlos Ángel Hernández, informaron fuentes judiciales.
El debate continuará este miércoles y está previsto que se desarrolle diariamente durante dos semanas, para luego conocerse la sentencia.
De acuerdo a la acusación, la madrugada del 25 de octubre un grupo de policías se trasladó hasta la plaza de Paso Viejo, una localidad de unos mil habitantes, luego de ser alertado sobre una reunión de jóvenes en ese lugar mientras regía el aislamiento.
Cuando los efectivos llegaron al lugar se produjo una discusión con los jóvenes que, de acuerdo a la pesquisa, derivó en una balacera por parte de los policías, quienes efectuaron al menos siete disparos.
De los peritajes realizados surgió que cuatro balazos se realizaron con el arma del agente Luna y tres con la de López, y que uno de estos últimos impactó en Paredes y le provocó la muerte.
Mientras que otro de los disparos, presumiblemente de Luna, se incrustó en el brazo de uno de los amigos de Paredes, un adolescente de 15 años, en ese entonces, que debió ser asistido en un centro de salud pública.
Según el requerimiento de elevación a juicio, «cinco efectivos, encabezados por el sargento Gómez, descendieron de los rodados, que quedaron con los motores y luces encendidos, con la finalidad de echar a los jóvenes del lugar haciéndolo de forma violenta y rodeándolos a pocos metros de distancia, consintiendo todos con su accionar la producción cualquier daño y cualquier resultado».
Siempre de acuerdo a la acusación, Aliendro, llevó sus manos a la escopeta que portaba, al tiempo que les decía a los jóvenes que se retiraran del lugar.
Ante esa actitud, los chicos comenzaron a discutir con el personal policial hasta que Aliendro «habría efectuado al menos uno o dos disparos al aire con cartuchos antitumulto compuestos con poliproyectiles o postas de goma».
Luego, López y Luna, «sabiendo que actuaban en grupo y con la autorización del personal policial de mayor jerarquía en el lugar, haciendo abuso de su condición de miembros de la fuerza de seguridad» y «aportando al plan común de darle muerte a cualquiera de los jóvenes presentes, tomaron sus armas de fuego reglamentarias provistas por la fuerza y a una distancia no mayor a los 18.79 metros, efectuaron en toda dirección al menos siete disparos», señaló la elevación a juicio.
