El vicepresidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada, Ricardo Lilloy, denunció la implementación de copagos ilegales en varias clínicas privadas de Córdoba esta semana.
“La primera aclaración que hay que hacer sobre los copagos es que es un cobro ilegal”, arrancó declarando Lilloy en declaraciones a El Doce. A su vez, aseguró que esta medida unilateral coloca a los pacientes en una situación injusta, obligándolos a pagar dos veces por el mismo servicio: “primero, a través de sus cuotas y luego, en la clínica”.
Además, advirtió sobre el peligro de que esta situación se descontrole y cada institución actúe de forma arbitraria, lo que podría tener graves consecuencias.
Cabe remarcar que el conflicto gira en torno a la inflación que afecta la relación entre las partes del sistema de salud privado, generando descontento entre los prestadores debido a los montos y plazos de pago insatisfactorios.
En tal sentido, el Consejo de Médicos de Córdoba detalló que “hay dos situaciones que ya desde hace varios años complican innecesariamente a los establecimientos y profesionales, y que deben resolverse para evitar las soluciones que afectan a los ciudadanos”.
“Una de ellas –continuó detallando en el escrito- es la demora de, en promedio, tres meses por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio. Ese retraso tiene una causa histórica: antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”.
Por tal motivo, consideró que las financiadoras “deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.
Otra asimetría entre financiadores y prestadores de salud a la que aludió el Consejo de Médicos de Córdoba “se verifica cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica. En esos casos, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro. De lo contrario, se descuenta al prestador `por las dudas´, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia”.
“Los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlos los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura, es decir las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes”, reflexionó la entidad provincial.
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“Cuando teníamos una inflación relativamente razonable, los plazos eran de 30,45 o 60 días desde la liquidación hasta la cancelación. Hoy, con una inflación de 10 puntos mensuales, hay reclamos para que se acorten”, aseguró Lilloy.
En este sentido, el representante de la Cámara de Entidades de Medicina Privada resaltó que la prohibición gubernamental de aumentos en las prepagas dificulta aún más la resolución de estos problemas, dado que no se han congelado los costos de operación, como los honorarios profesionales, y llamó a considerar el difícil contexto económico que enfrentan los usuarios, cuyos ingresos son actualmente bajos en Argentina.
