El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar hoy al pedido de los Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Argentina desde hace más de dos meses, informaron fuentes judiciales.
El magistrado lo resolvió en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034, informaron a Télam las fuentes consultadas.
En tanto, el avión que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la justicia local y, ahora también, de la de Columbia, que había reclamado su incautación.
Más temprano la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, había dictaminados que era «formalmente procedente» el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur.
A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.
En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense «está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones» de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada «con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní» a una firma venezolana.
Cuando se comunicó la decisión de la Justicia de Columbia, el departamento de Justicia norteamericano recordó también el supuesto vínculo de Mahan Air al Hezbollah con a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.
La venta, según surge del comunicado, fue de Mahan Air a la «Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa) , una empresa estatal venezolana», algo que también fue expuesto en la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, por los propios tripulantes del avión.
El dictamen de la fiscalía de Lomas de Zamora se conoció después de que ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela criticara en duros términos a la fiscal Incardona.
Esas críticas generaron que la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, enviara una nota a la cancillería argentina para expresar su «profunda preocupación institucional». El texto lleva la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.
