El director general de Seguridad Capital, comisario mayor Cristian Moreno, manifestó hoy que la muerte del adolescente Blas Correas (17), quien fue baleado por efectivos en un control policial en agosto de 2020 en Córdoba, constituye un hecho de “violencia institucional” del que participó «un grupo de policías», pero afirmó que la institución «puso todo» a disposición de la Justicia para que el hecho sea esclarecido.
“Estoy seguro que lo que sucedió fue un hecho de violencia institucional”, respondió Moreno frente al jurado popular, al ser consultado por las partes del proceso sobre su mirada con respecto al accionar de los policías que balearon al automóvil en un control de seguridad, en el que se movilizan Blas con cuatro amigos.
Al declarar como testigo en el marco del juicio que se le sigue a 13 efectivos, el comisario mayor afirmó que el acto de violencia institucional fue “cometido por un grupo de policías” y desligó a la institución, de la cual dijo que “puso todo a disposición de la Justicia para que el hecho se esclarezca”.
El director general de Seguridad Capital también apuntó contra el comisario Jorge Galleguillo, jefe de turno, por no haber cumplido con su responsabilidad de informar a las áreas correspondientes sobre los policías que habían disparado sobre el automóvil en el puesto de control: “Si no cumplió con informar, cometió un ilícito”, aseveró.
Moreno, quien al momento del hecho se desempeñaba como director general de Seguridad Zona Centro de la ciudad de Córdoba, dijo también que fue “gravísimo” lo que ocurrió, al referirse a la decisión de los policías de “disparar sin motivos” sobre el vehículo.
“Los que participaron tenían que haber sido separados y desarmados. No debían haber participado del procedimiento” posterior a los disparos, afirmó ante los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular.
La jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, cuando declaró el 19 de octubre en este juicio, también había calificado de “violencia institucional” la conducta desplegada por los policías.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.
Ambos afrontan cargos como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.
