A casi seis años del crimen de Valentino Blas Correas, la Provincia de Córdoba confirmó la cesantía de siete policías vinculados al operativo que terminó con la muerte del adolescente de 17 años, ocurrida el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que concluyó que los efectivos incurrieron en “faltas gravísimas” por incumplir el deber funcional de proteger la vida de Blas cuando ya se encontraba herido.
La medida administrativa alcanzó a la oficial principal Natalia Soledad Márquez; la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante; los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers; y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot.
En el caso de Márquez, además, el Tribunal determinó que ejerció “violencia física innecesaria” contra una de las jóvenes que viajaban en el Fiat Argo en el que se trasladaba Blas junto a sus amigos.
Según explicó el organismo, la sanción se aplicó luego de completar el sumario administrativo previsto por el Reglamento de Régimen Disciplinario Policial. También aclaró que la potestad disciplinaria es independiente de la causa penal y no requiere una sentencia firme para imponer sanciones.
La cesantía implica que los efectivos dejan de pertenecer a la Policía, pierden el estado policial y dejan de percibir su salario.
La acusación por el procedimiento
Los siete policías ya habían sido enviados a juicio en diciembre de 2025 por el fiscal del Fuero Penal Económico 2, Franco Mondino, acusados por presunto abuso de autoridad.
La imputación sostiene que los efectivos no asistieron a Blas después de que recibiera un disparo y tampoco permitieron que llegara al Hospital de Urgencias, donde sus amigos intentaban trasladarlo. El adolescente murió dentro del Fiat Argo en el cruce de Chacabuco y Entre Ríos.
La fiscalía sostuvo que los policías incumplieron “la misión primordial de la institución civil armada de resguardar la vida”.
Además, Márquez fue enviada a juicio por el presunto delito de lesiones leves calificadas por abuso de la función, por haberle propinado presuntamente golpes a Camila Toci durante el procedimiento.
Todos los efectivos involucrados en esta resolución administrativa permanecen en libertad y no cuentan con condenas penales firmes.
La reacción de Soledad Laciar
Tras conocerse la medida, Soledad Laciar, madre de Blas, expresó que la decisión le generó “sentimientos encontrados” y cuestionó que la Justicia avance principalmente sobre los policías que estaban en el lugar y no sobre quienes ocupaban cargos superiores.
“La Justicia siempre tiene celeridad para abajo y nunca para arriba”, sostuvo Laciar, quien volvió a reclamar que se investigue a los responsables políticos y jerárquicos vinculados al caso.
La madre de Blas señaló que los policías cesanteados tienen responsabilidad porque, según recordó, fueron quienes estuvieron esa noche en el lugar, golpearon a sus amigos, no asistieron al adolescente y le impidieron acercarse al auto donde murió.
Sin embargo, reclamó que la investigación también avance sobre otros niveles de responsabilidad. “Pretenden que me conforme agarrando a los de abajo”, cuestionó.
Laciar mencionó al ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, al ex comisario Gonzalo Cumplido y a otros funcionarios de la estructura policial y política de aquel momento.
El crimen que conmocionó a Córdoba
Blas Correas fue asesinado durante la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando viajaba junto a cuatro amigos en un Fiat Argo. Al llegar a un control policial ubicado en avenida Vélez Sársfield, en la zona del Complejo Pablo Pizzurno, el vehículo no se detuvo y los policías abrieron fuego.
Uno de los disparos atravesó la luneta e impactó en la espalda del adolescente, que iba sentado en el asiento trasero. Sus amigos intentaron trasladarlo a un centro de salud, pero murió minutos después dentro del vehículo.
La investigación judicial determinó que luego del ataque se produjo un operativo de encubrimiento, que incluyó la alteración de la escena y la colocación de un arma para intentar justificar el accionar policial.
En marzo de 2023, la Cámara 8ª del Crimen, con jurado popular, condenó a prisión perpetua a los cabos primeros Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón por el homicidio calificado de Blas.
Además, otros policías recibieron condenas por distintos hechos relacionados con el encubrimiento. El caso fue considerado por la Justicia como un hecho de violencia institucional que marcó uno de los episodios más graves registrados en Córdoba.
