Entre el jueves 15 y el viernes 16 de mayo, se llevarán a cabo las declaraciones indagatorias de los hermanos Ariel Hernán, Juan Pablo, Lucas Alberto y José Matías Márquez, y del contador de la constructora Márquez y Asociados, Ramiro Gonzalo Nievas. Todos se encuentran detenidos en el penal de Bouwer y serán trasladados a Tribunales II, donde conocerán formalmente los hechos por los cuales están imputados por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas. La defensa, a cargo del estudio Gramática-Ferrari, también podrá acceder al expediente judicial.
Hasta este martes, ya suman alrededor de 4.250 las denuncias de presuntas víctimas. De ese total, 3.910 fueron radicadas a través del botón digital habilitado en la web del Ministerio Público Fiscal y el resto de manera presencial en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier. La magnitud de la causa la convierte en una de las más complejas y resonantes de los últimos años.
Paralelamente, el Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación, a cargo del juez Sergio Ruiz, tramita la quiebra de la empresa. Este mediodía se realizará el sorteo del síndico que deberá resguardar los activos de la firma, de los cuales se liquidarán los créditos que sean verificados hasta el 11 de noviembre próximo.
Demandas laborales y prioridades de cobro
La causa también tiene fuertes implicancias en el fuero laboral. Decenas de exempleados están presentando demandas por salarios impagos, incorrecta categorización y contratación irregular. El abogado Eduardo Ordóñez explicó que existen dos grupos afectados: los administrativos registrados como empleados de comercio, a quienes se les dejó de pagar en febrero, y los profesionales —en su mayoría arquitectos e ingenieros— que prestaban servicios como monotributistas sin relación de dependencia.
Las demandas incluyen reclamos por indemnizaciones, sueldos adeudados y aportes impagos. Según el letrado, una arquitecta que trabajaba jornada completa cobraba un salario mensual de $850.000.
Los expedientes se tramitan en los Juzgados Laborales de Córdoba. Tras la designación del síndico, se definirá si las causas seguirán un procedimiento abreviado, lo que permitiría obtener sentencias en seis a ocho meses. De no ser así, podrían demorar más de un año al elevarse a la Cámara.
En el marco de la quiebra, los extrabajadores tendrán prioridad en el cobro de sus créditos: se ubican después de Arca —la Administración de Recursos de la Seguridad Social— y antes que los damnificados civiles.
