El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció este miércoles en redes sociales la compra de sildenafil —principio activo conocido por su uso en medicamentos como Viagra— por parte del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, y calificó la adquisición como “escandalosa”.
La factura, correspondiente a abril de este año, fue exhibida por Corvalán, referente del Frente Cívico, quien cuestionó que se destinen fondos públicos a este tipo de compras. “Parece que en el Gobierno de Córdoba algunos entendieron mal eso de que ‘Córdoba no para’ y mandaron a comprar Magnus para la disfunción eréctil. No es joda, es escandaloso”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter). También mencionó otras compras como champú anticaspa, crema humectante y anticonceptivos.
En declaraciones radiales, el tribuno indicó que están investigando los detalles de la adquisición: “Esto no puede suceder, con la plata de todos los contribuyentes”, aseguró.
La respuesta oficial
Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba evitaron hacer declaraciones públicas, pero compartieron un informe oficial firmado por el alcaide mayor Ariel Salani, jefe del Departamento de Sanidad del organismo, donde se explica el motivo de la compra del medicamento.
Según el documento, la droga fue indicada por médicos de hospitales públicos externos para tratar a cuatro internos con enfermedades crónicas: dos por hipertensión pulmonar y otros dos por hiperplasia prostática benigna, una afección frecuente en hombres mayores. En esos casos, el sildenafil y el tadalafilo son medicamentos reconocidos por sus efectos terapéuticos más allá de su uso sexual.
“El tratamiento fue indicado por profesionales y no responde a otro motivo que no sea el médico. También adquirimos cremas humectantes y champúes para internos con psoriasis, así como preservativos, porque hay exigencias judiciales para prevenir enfermedades de transmisión sexual”, detalló Salani en un audio difundido por el Gobierno provincial.
Desde el SPC señalaron además que en la actualidad solo tres personas privadas de libertad continúan con indicación médica para recibir estas drogas.
