Quince años después del histórico juicio que condenó a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria N°1 de barrio San Martín, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dictó este jueves una nueva sentencia en una causa clave para la memoria, la verdad y la justicia.
En esta instancia, el tribunal resolvió condenar a prisión perpetua a Osvaldo César Quiroga, exmilitar, y a diez años de prisión a Gustavo Rodolfo Salgado, expolicía, ambos acusados de participar en los asesinatos de 31 presos y presas políticas detenidos en la UP1 entre abril y octubre de 1976.
Los magistrados consideraron probada la responsabilidad de Quiroga como coautor de homicidios calificados por alevosía y por la pluralidad de partícipes, en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, entre otras víctimas. En tanto, Salgado fue hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de perseguido político de Luis Alberto Urquiza.
La posición de la fiscalía
El fiscal Facundo Trotta, a cargo de la acusación, evaluó que el fallo se ajusta en buena medida a lo solicitado por el Ministerio Público, tanto en la valoración de las pruebas como en la magnitud de las penas impuestas. Sin embargo, manifestó su disconformidad con la decisión del tribunal de mantener en libertad a los condenados, al considerar que la gravedad de los delitos y las penas dictadas justificaban el encierro preventivo hasta que las condenas queden firmes.
Una revisión de las absoluciones de 2010
Tanto Quiroga como Salgado habían sido absueltos en el juicio “Videla/Menéndez” de 2010, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenaron la realización de un nuevo proceso. Ambas instancias coincidieron en que las absoluciones iniciales no habían valorado adecuadamente las pruebas presentadas por la fiscalía y las querellas.
Durante esta nueva etapa, el Ministerio Público Fiscal y los organismos de derechos humanos insistieron en la necesidad de revisar esas absoluciones y garantizar justicia plena para las víctimas.
Los crímenes de la UP1
De acuerdo con la investigación judicial, las víctimas fueron trasladadas desde la Unidad Penitenciaria N°1 al centro clandestino de detención D2, que funcionaba en dependencias del Cabildo Histórico de Córdoba, donde fueron torturadas y posteriormente ejecutadas. Los hechos fueron presentados por el Ejército como “intentos de fuga” o “enfrentamientos armados”, en aplicación de la denominada “ley de fugas”.
El juicio de 2010, que condenó a los principales responsables del circuito represivo de Córdoba, marcó un punto de inflexión al reconocer la existencia de un plan sistemático de exterminio y la complicidad judicial de funcionarios que omitieron investigar las muertes de los detenidos.
Justicia y memoria
Con esta resolución, la causa por los crímenes de la UP1 suma un nuevo capítulo dentro de los 19 juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en Córdoba desde la reapertura de los procesos en 2008. En ese período, la justicia federal local condenó a más de un centenar de represores por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas cometidos entre 1975 y 1983.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 16 de diciembre de 2025, vigésimo día hábil posterior a la lectura del veredicto.
