La investigación judicial por una presunta red de abuso sexual y explotación infantil en el norte de Córdoba derivó en nuevos cuestionamientos sobre el entorno del legislador peronista Ernesto Ramón “Cañito” Flores. Según la información difundida en las últimas horas, al menos cuatro asesores que fueron incorporados a la Legislatura por el dirigente contaban con antecedentes judiciales, incluyendo condenas e imputaciones por delitos graves.
La causa es investigada por la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, y ya tiene 15 personas acusadas, siete de ellas por hechos vinculados con abusos sexuales contra al menos tres adolescentes. La pesquisa continúa abierta y los investigadores no descartan que puedan surgir nuevas víctimas o responsabilidades.
Uno de los nombres que quedó bajo la lupa es el de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor legislativo. Villarreal había sido imputado en 2021 por reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal. A pesar de esa situación judicial, posteriormente ingresó como asesor en la Unicameral vinculado al legislador Flores.
Los otros asesores cuestionados
El caso de Villarreal no sería el único antecedente judicial dentro del grupo de personas que Flores llevó a la Legislatura.
Entre los nombres mencionados aparece Ariel Rodríguez, quien recibió una condena de tres años y medio de prisión por peculado.
También figura Mario Giraudo, quien durante un período fue señalado como una de las personas de mayor confianza de Flores. Giraudo fue condenado a dos años de prisión condicional por encubrimiento de un abuso sexual, aunque ese fallo se encuentra apelado. El expediente principal involucró a Octavio López, condenado a 10 años de prisión por el abuso de un adolescente de 16 años.
Otro de los casos corresponde a José Héctor Villegas, quien durante 24 años estuvo al frente de la comuna de Puesto de Castro. En 2023 fue imputado por la fiscal Cepede por explotación de trabajo infantil y abuso deshonesto. La imputación fue posteriormente confirmada, en 2025, por el Juzgado de Control de Deán Funes.
De acuerdo con la información difundida, Villegas continuaba figurando como asesor del bloque del Partido Justicialista en el portal oficial de la Legislatura al momento de conocerse el caso.
Relatos sobre una menor en situación de extrema vulnerabilidad
La investigación también generó testimonios sobre situaciones de vulnerabilidad que habrían sido conocidas en la zona desde años atrás.
Julio Camaño, dirigente radical del norte cordobés y conocedor de la actividad política de Flores, aseguró que tenía conocimiento de los malos tratos que habría sufrido una niña que vivía junto a la familia Villarreal.
Según su relato, la menor habría sido sometida a condiciones de extrema precariedad y obligada a realizar tareas vinculadas al cuidado de animales. Camaño sostuvo además que, en relación con los presuntos abusos sexuales, existía temor entre quienes conocían la situación para hablar públicamente.
Reclamos por transparencia y responsabilidades
El caso también abrió un debate político sobre el mecanismo de contratación de asesores en la Legislatura. La vicegobernadora y titular del Poder Legislativo señaló que la institución no interviene en la selección de los asesores de cada legislador, ya que la responsabilidad por esos contratos corresponde a los integrantes de la Unicameral.
La postura vuelve a poner el foco sobre Flores, quien fue legislador entre 2007 y 2011, luego se desempeñó como intendente de Villa de María de Río Seco entre 2011 y 2023 y regresó a la Legislatura en 2023.
Por su parte, Camaño reclamó que el legislador explique las contrataciones y planteó incluso la posibilidad de que se devuelvan los salarios abonados a personas que, según su interpretación, no deberían haber ocupado esos cargos.
También cuestionó las dificultades para acceder a la declaración jurada patrimonial de Flores correspondiente a 2007, año en el que inició formalmente su trayectoria política.
Mientras la Justicia avanza con la investigación penal, los antecedentes de los asesores vuelven a generar cuestionamientos sobre los controles previos a las contrataciones y sobre el grado de responsabilidad política de quienes los incorporaron a la estructura legislativa.
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