A casi dos meses del incendio ocurrido en la cárcel de mujeres de Cárcel de Bouwer, la causa judicial sigue sin personas imputadas y crecen los reclamos para que se esclarezcan las muertes de Agostina Guadalupe Pedraza (25) y María Flavia Ramallo (33).
El siniestro se produjo durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en una celda de aislamiento y, de acuerdo al informe preliminar de Bomberos, el fuego se habría originado tras la quema intencional de colchones.
La investigación está a cargo del fiscal provincial José Mana, pero hasta febrero de 2026 no hay avances en materia de imputaciones.
En este contexto, Valeria Soledad Romero, madre de Pedraza, solicitó constituirse como querellante particular para impulsar una investigación más profunda sobre el accionar del personal penitenciario.
La familia, representada por el abogado Diego Casado, denunció serias irregularidades dentro del penal, entre ellas la presencia de colchones inflamables, un encendedor en la celda de castigo y matafuegos que no funcionaban. Además, sostienen que los guardias demoraron en abrir las puertas pese a los reiterados pedidos de auxilio y que otras internas habrían sido evacuadas antes que las dos jóvenes que murieron.
Al momento del hecho, Pedraza no contaba con condena firme y se encontraba bajo custodia exclusiva del Estado provincial.
“Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, señalaron desde la querella, que pidió el secuestro del libro de guardia, los registros de cámaras de seguridad, la nómina del personal de turno y peritajes técnicos sobre los protocolos y equipos contra incendios.
La familia insiste en que se investigue la posible comisión de homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona, mientras la causa continúa su curso en los tribunales provinciales a la espera de nuevos testimonios y medidas probatorias.
