La Cámara en lo Criminal y Correccional de sexta nominación ordenó la detención de dos empresarios por la muerte de Tania Abrile en 2016. La mujer, artista plástica de 38 años, falleció tras consumir éxtasis durante un show de música electrónica en el Orfeo de Córdoba.
Los detenidos, Héctor Oscar Baistrocchi e Iván Aballay, dueños de Buenas Noches Producciones, fueron apresados en Córdoba y La Calera, respectivamente. Están imputados por «facilitación al consumo de estupefaciente, doblemente agravado por la intervención de tres o más personas realizada en sitio público y homicidio culposo en concurso real».
La detención se produjo por movimientos irregulares de los empresarios en el Área de Migraciones, lo que sugiere que planeaban viajar al exterior antes del inicio del juicio previsto para el 1 de noviembre. Ambos tenían la condición de libertad de no salir del país o pedir autorización a la Cámara Sexta por riesgo procesal y de fuga. Aún así, uno de ellos había salido del país ocho veces, mientras que el otro detenido había viajado tres veces sin pedir autorizaciones.
También será juzgado un falso médico, Walter Barreto, que atendió a Tania en la emergencia. La madre de la joven, Graciela Flores, ha cuestionado la lentitud de la investigación judicial y la falta de medidas de seguridad en las fiestas electrónicas.
En la misma causa están implicados Mario Alfredo Novaro y otros responsables del evento. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia los imputó por homicidio culposo y facilitación de lugar para el consumo de estupefacientes. A pesar de que la Cámara de Acusación los sobreseyó previamente, el Tribunal Superior de Justicia revirtió esta decisión, unificando todos los delitos en una sola causa.
Graciela Flores, madre de Tania, ha fundado la Fundación Tania Abrile como homenaje a su hija, buscando concienciar sobre la seguridad en eventos públicos. Las investigaciones señalan que la falta de atención médica inmediata y el consumo de éxtasis llevaron a la muerte de Tania, provocando la apertura del juicio contra los empresarios responsables. La defensa de los imputados ha argumentado que el consumo de sustancias fue voluntario, mientras la familia de la víctima reclama que se haga justicia y se eviten tragedias similares en el futuro.
