El Juzgado de Control y Faltas n.° 10 de la ciudad de Córdoba ordenó la prisión preventiva de tres jóvenes mayores de edad imputados por participar, junto a unos 30 adolescentes de ambos sexos, de los denominados “robos piraña” en el Parque Sarmiento y Nueva Córdoba.
La conducta fue encuadrada en la figura de robo calificado en poblado y en banda, en concurso ideal con robo simple agravado por la participación de menores de edad.
El encierro preventivo se dispuso, entre otras razones, por la violencia desplegada en los arrebatos y la cantidad de personas involucradas. “No nos encontramos ante una simple ‘banda’ delictiva compuesta por un número reducido de personas, sino ante una verdadera organización criminal, caracterizada por su importante y numerosa concurrencia de partícipes que, de manera mancomunada y en concierto delictivo doloso, cometen hechos contra la propiedad”, aseguró el juez Juan Manuel Fernández López.
“En efecto, no puede soslayarse que el despliegue criminal supuso la actuación coordinada de aproximadamente treinta individuos (…), quienes de común acuerdo habrían abordado, en numerosas oportunidades, a las víctimas que se conducían en solitario o con escasa compañía”, enfatizó el magistrado.
La investigación determinó que los integrantes de la banda se organizaban vía telefónica para cometer los hechos, para determinar cómo y dónde reducir los elementos sustraídos y concertar encuentros, entre otros aspectos. De hecho, se comprobó que los miembros de la banda estaban permanentemente comunicados entre ellos a través de un grupo de WhatsApp que los congregaba a todos.
Sensación de impunidad
Otro elemento que intervino en la decisión fue la “evidente sensación de impunidad demostrada por los imputados”. El magistrado puntualizó que los protagonistas de estos hechos no tuvieron reparos en cometer los delitos en plena vía pública, en un lugar y un día de alta concurrencia, expuestos a la vista de numerosos transeúntes e, incluso, del personal policial.
“Tal detalle permite evaluar la personalidad de los coimputados, puesto que es indicativo del total desparpajo y osadía con la que se conducen. En otras palabras, los prevenidos no se amilanaron frente a la eventual presencia de testigos que pudiesen evidenciar su actuar”, resumió el juez.
Desprotección de la ciudadanía
En la resolución, el juez Fernández López expresó que la sociedad cordobesa “observa impávida cómo hordas inadaptadas copan vastos sectores de la ciudad con total desparpajo e impunidad para asolar a desafortunadas víctimas que se cruzan en su camino”.
También consideró que la modalidad comisiva elegida “no se limita a una mera superioridad numérica”, sino que evidencia un despliegue abrumador y totalmente desconcertante, tanto para los damnificados como para las propias fuerzas de seguridad que deben afrontar la problemática.
“Los extremos destacados convierten a los hechos aquí analizados en tipos claramente
pluriofensivos, dado que no sólo se afecta la propiedad de las personas atacadas, sino que, además, se limita un derecho tan básico como el de circular con plena libertad y tranquilidad por lugares altamente concurridos de la ciudad, lo que repercute de manera directa en la sensación de inseguridad reinante”, agregó el magistrado.
