Uno de los subdirectores de operaciones de la cárcel de Bouwer (Complejo Carcelario número uno, Reverendo Francisco Luchesse), un abogado y un empleado de la Provincia fueron detenidos en el marco de una causa por “asociación ilícita”, en la que se investigan maniobras tendientes a favorecer a presos a cambio de dinero. Los detenidos son el subdirector penitenciario Sergio Alejandro Guzmán -quien pasó a situación pasiva-, el abogado penalista Alfredo Ciocca y Ramón Salas, un hombre a quien voceros judiciales vinculan con algunas esferas de la política provincial y que fue desplazado tras conocerse la noticia.
Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal de Delitos Complejos del primer turno de Córdoba, Enrique Gavier, quien tomó esa decisión en base a elementos recabados en una serie de allanamientos realizados en oficinas, estudios de abogacía y domicilios particulares. El funcionario judicial sostuvo que “se están practicando actos procesales para esclarecer los hechos”, a la vez que indicó que los sospechosos se negaron a declarar en sus indagatorias.
Gavier también reveló, según Telam, que la presunta maniobra que realizaban los detenidos contemplaba falsificar informes de conducta de los presos a cambio de dinero. Esos informes les permitían a los presidiarios quedar en libertad antes de lo establecido, a la vez que facilitaba que los detenidos tuvieran mejoras en sus condiciones de alojamiento dentro de las celdas.
Cecilia Lanzarotti, secretaria de Gestión Penitenciaria de Córdoba, aseguró que fue el propio Servicio Penitenciario el que denunció a Guzmán por supuestos “actos reprochables que podrían constituir delitos”. “En junio se tomó conocimiento de un hecho que podría constituir una conducta reprochable del funcionario y se comunica de inmediato al Órgano de Control e investigación de las Fuerzas de seguridad de la Provincia y, al mismo tiempo, se hizo una presentación en la Unidad Judicial de Delitos Económicos”, relató. Y agregó: “Existe tolerancia cero para cualquier conducta reprochable sin importar el rango de la persona de la que se trate”, enfatizó Lanzarotti.
Como director de Operaciones, Guzmán no tenía atribuciones para decidir “externaciones” de internos, como las distintas modalidades de libertad. Tampoco tenía entre sus funciones evaluar la conducta de los presos, que en el Servicio Penitenciario de Córdoba es una función que está a cargo de un Consejo Correccional, un organismo técnico criminológico integrado por psicólogos y médicos.
