La justicia de primera instancia de la ciudad correntina de Goya dictó hoy la prisión preventiva y ordenó el regreso a Córdoba del CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, pese a su pedido de quedar en libertad con la promesa de activar negocios para pagar las demandas que enfrenta de ahorristas por la presunta comisión de estafas mediante el sistema conocido como Ponzi o piramidal.
El juez de Garantías de Goya, Carlos Balestra, dictó esta tarde la prisión preventiva de Cositorto, en una audiencia de medidas de coerción que continuó a su declaración como imputado del delito de asociación ilícita en grado de organizador, en concurso real con estafa en modalidad de delito continuado.
El juez Balestra también dispuso su traslado a Córdoba, donde tiene causas abiertas acusado de la comisión de presuntas estafas y asociación ilícita. Cositorto, luego de que llegara extraditado desde la República Dominicana, se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer.
En Goya se presentó un total de 85 víctimas en la causa que se investiga y se proporcionaron 60 elementos de prueba de cargo en contra de Cositorto, quien esta mañana declaró por espacio de 30 minutos ante el fiscal Patricio Palisá. En ese marco, el CEO de Generación Zoe se negó a responder preguntas, informaron fuentes judiciales.
Cositorto dijo hoy que si lo dejan en libertad podrá «volver a operar y pagar» sus deudas. A la salida del juzgado de Goya, ciudad distante a 220 kilómetros de la capital correntina, se negó también a responder preguntas de la prensa.
En su exposición ante el magistrado, el imputado expresó, entre otros conceptos: «Usted señor juez es el que puede determinar mi prisión preventiva o si me puede dejar libre». «Yo libremente, en vez de estar incomunicado, hoy tengo negocios que puedo volver a operar a nivel mundial y les puedo pagar (a los denunciantes), como lo hice con los 153 pagos que envié», dijo Cositorto. «En ningún momento nosotros generamos una estafa hacia la gente, nos quebraron la empresa en el mes de febrero y en enero yo mandé a este país 17 millones de dólares», agregó en su exposición.
Cositorto -al declarar ante el Tribunal Oral Penal de Goya- sostuvo que los problemas que debió enfrentar su empresa se debieron a una campaña llevada adelante «por la gente de Mercado Pago y de Ualá y todos los periódicos» que le hicieron perder «120 millones de dólares».
En su defensa, el líder de Generación Zoe subrayó que «tengo para hablar horas de la cantidad de gente que hemos ayudado, beneficiado, becado, levantado de la calle adictos. Soy pastor desde el año 2003. He ayudado a muchísima gente».
«Si usted me pregunta por qué debo estar afuera, es porque yo afuera puedo ayudar a mucha gente y estando preso no puedo educar a nadie y es una situación realmente lamentable, también para mi hijo, que es discapacitado y precisa al padre», dijo Cositorto al cerrar su exposición.
El abogado Pablo Fleitas, patrocinante de la querella, dijo a la prensa que Cositorto «se victimizó y reconoció que no tiene un peso». El letrado confirmó además que el imputado «atribuyó a los medios una campaña de difamación que llevó al quiebre de su empresa», y que por ese motivo estuvo prófugo de la justicia. «Reconoció que estuvo prófugo, no se consideró culpable, se ubicó como víctima de la situación que está pasando y atribuyó a los medios una campaña de difamación que llevó al quiebre de su empresa», dijo Fleitas. Por último, el letrado señaló que Cositorto confirmó que «estuvo en Goya y reconoció su relación con las tres personas detenidas (Lucas Camelino y Nicolás y Javier Medina) y pidió misericordia para ellos».
El lunes pasado, el CEO de Generación Zoe fue indagado por la justicia cordobesa en la causa en la que se lo acusa también de presunta asociación ilícita y estafas reiteradas. La causa es investigada por la Fiscalía de la ciudad de Villa María, a cargo de Juliana Companys. En su declaración, Cositorto dijo «no tener nada que ver» con las acusaciones que existen en su contra y pidió su excarcelación, que fue denegada. En Villa María, Cositorto debe responder por 176 presuntas estafas, que denunciaron 94 damnificados.
