La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos de diez personas acusadas de obstruir la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio del año pasado. Entre los imputados se encuentran integrantes de la Fundación Dupuy, quienes se presentaron como falsos miembros de la organización para entorpecer el avance del caso.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, destacó el fallo como un respaldo significativo a la labor judicial de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había resuelto los procesamientos en una instancia previa. Según Gallego, la decisión de la Cámara Federal marca un paso importante en la lucha por esclarecer el paradero de Peña.
Los procesados enfrentan cargos por delitos como la usurpación de títulos y la defraudación a la administración pública. Según la investigación, los imputados habrían actuado en conjunto para presentarse como miembros de la Fundación Dupuy, a fin de obtener fondos municipales, mientras manipulaban la investigación del caso Loan. Las pruebas recogidas, incluidas declaraciones testimoniales y entrevistas periodísticas, indicaron que los acusados habrían creado pistas falsas y desviado la atención de la búsqueda del niño.
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En relación con los procesamientos, la Cámara revocó el procesamiento de Leonardo Daniel Rubio y Delfina Taborda por el delito de privación ilegítima de la libertad, cambiando la acusación contra Rubio a partícipe secundario en el delito de encubrimiento. Por su parte, Nicolás Gabriel Soria, quien se hacía pasar por agente de la CIA e Interpol, continuará en prisión preventiva, al igual que otros acusados, como Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni y Valeria Liliana López, quienes están procesados con prisión preventiva por usurpación de títulos.
El fallo también alivió la situación procesal de algunos de los imputados, como Pablo Noguera, pareja de la abogada Elizabeth Cutaia, a quien se le asignó un rol secundario en los delitos imputados, entre ellos estafa calificada y encubrimiento. A pesar de estos ajustes, los procesados siguen estando a un paso del juicio oral, que se prevé como la próxima etapa en el desarrollo de este caso.
Las defensas de los acusados han cuestionado la validez del proceso, señalando la falta de fundamentos sólidos en la resolución de procesamiento y argumentando que las pruebas eran insuficientes para justificar las acusaciones. Sin embargo, el fallo de la Cámara Federal parece consolidar la continuidad de la causa y dar un nuevo impulso a la justicia en este complejo caso.
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