Tras casi dos años de proceso judicial, el expediente por la muerte del cabo paracaidista Franco Maizares fue archivado. La resolución se tomó luego de que la investigación determinara la ausencia de indicios de criminalidad o responsabilidad por parte de terceros. De este modo, la Justicia ratificó que el fatal desenlace ocurrió en el marco de una actividad de alto riesgo bajo condiciones que cumplían con las normativas vigentes.
La instrucción del caso incluyó un exhaustivo análisis sobre el rol de la Fuerza Aérea, las directivas impartidas durante la jornada de entrenamiento y el estado del material utilizado por el efectivo cordobés al momento del salto.
Pericias técnicas
Uno de los puntos clave del proceso fue la evaluación del equipo de paracaidismo. Según los informes técnicos integrados a la causa, el equipamiento se encontraba en condiciones adecuadas y no presentaba desperfectos de fabricación ni de mantenimiento.
En consecuencia, los especialistas descartaron que una falla técnica hubiera impedido la apertura correcta o el funcionamiento del sistema de seguridad, centrando el análisis en la dinámica propia del salto realizado en aquel mayo de 2024.
El factor humano como causa del accidente
De acuerdo con el dictamen judicial, los peritos determinaron que la tragedia se produjo por una falla en la posición corporal del paracaidista en el instante crítico de la apertura. Este error en la postura durante la maniobra en el aire fue el desencadenante que provocó el accidente fatal.
La muerte de Maizares había generado una fuerte conmoción en el ámbito militar y social, abriendo interrogantes sobre posibles irregularidades operativas. Sin embargo, tras analizar las pruebas recolectadas, los especialistas coincidieron en que todos los factores externos —logística, órdenes de comando y clima— estaban en regla.
Cierre definitivo del expediente
Con el archivo de las actuaciones, la investigación queda formalmente clausurada. La Justicia concluyó que se trató de un accidente imprevisto dentro de una disciplina de riesgo extremo, dejando asentado que no hubo omisiones ni faltas administrativas por parte del Ejército Argentino ni de los instructores a cargo de la práctica.
