La Guardia Urbana de Córdoba enfrenta un pedido de informes por la presunta deuda de más de $8 millones en multas por cruzar semáforos en rojo, estacionar en lugares prohibidos y hasta usar el celular.
El pedido de informes fue presentado por dos bloques opositores del Concejo Deliberante al detectar graves irregularidades, a tan solo cinco meses de la inauguración de este nuevo sistema en la provincia.
De acuerdo a lo manifestado en el documento, 48 de los 53 autos inspeccionados tienen importantes deudas en torno a diversas acciones irregulares como: cruzar semáforos en rojo, doblar en U, el no uso del cinturón de seguridad, estacionar en lugares prohibidos, usar el celular y hasta falta de pago de patente.
En total son $8.600.000 lo que la Guardia Urbana Municipal debe a pocos meses de haber sido puesto en marcha por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el intendente de la ciudad, Daniel Passerini.
Elisa Caffaratti, presidente del bloque de la UCR, es quien presentó el pedido y manifestó: «Es inaceptable que los vehículos de la Guardia Urbana, encargados de velar por el orden y la seguridad en nuestra ciudad, acumulen multas y deudas sin ser regularizados. Esta situación refleja una vez más la preocupante falta de responsabilidad en la gestión de la Guardia Urbana y también evidencia una contradicción alarmante: ¿cómo puede el gobierno exigir el cumplimiento de las normas cuando sus propios vehículos no están en regla y sus conductores infringen las normas?».
Por su parte la Concejal Graciela Villata del Frente Cívico recordó que desde hace meses reclaman la presencia del Secretario de Seguridad Ciudadana Claudio Vignetta para dar respuesta a numerosos pedidos de informes al que se suma este último referido a la flota de la Guardia Urbana.
«El gobierno provincial es el que figura registrado como titular de los vehículos y debe abonar en tiempo y forma la contribución correspondiente como cualquier contribuyente, además es inadmisible que quienes tienen por función advertir faltas o labrar actas de infracción hagan caso omiso a las normativas de tránsito poniendo en riesgo a los transeúntes e incluso a los propios ocupantes de los vehículos», aseguraron.
“El municipio, que debería ser un ejemplo de cumplimiento y respeto por la ley, está fallando en su deber de mantener sus propias flotas en condiciones legales. Cada multa impaga y cada deuda de Patente es una muestra más de la desorganización y la improvisación en materia de seguridad en la ciudad”, concluyeron las concejales.
