El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba confirmó la elevación a juicio de una causa por estafas telefónicas cometidas a través de débitos inmediatos (DEBIN), maniobras que, según la investigación, fueron planificadas y ejecutadas en gran parte desde el establecimiento penitenciario de Bouwer. Quince personas quedaron en condiciones de ser juzgadas, mientras que una fue sobreseída por “duda insuperable”.
De acuerdo con la acusación, la estructura delictiva tenía como eje la participación de imputados en contexto de encierro, quienes desde sus celdas utilizaban identidades falsas para contactar telefónicamente a comerciantes del rubro de la construcción. Otros integrantes del grupo, en libertad, eran los encargados de recolectar y suministrar los datos personales y bancarios de las víctimas.
Según la causa, desde Bouwer los detenidos simulaban operaciones comerciales, enviaban por WhatsApp comprobantes falsos de transferencias y convencían a los comerciantes de que existía un error en la acreditación del pago. A partir de ese engaño, los guiaban para que autorizaran desde sus cuentas bancarias los DEBIN, lo que generaba el débito inmediato de dinero hacia cuentas de otros miembros de la organización. El perjuicio total asciende a 4.086.900 pesos.
En una resolución anterior, el juez Gustavo Hidalgo otorgó la suspensión del proceso a prueba por un año a cinco imputados que no estaban detenidos, quienes ofrecieron reparar los daños y cumplir tareas comunitarias.
El magistrado rechazó los planteos defensivos y destacó la existencia de “múltiples circunstancias que, valoradas en su conjunto, constituyen indicios que sustentan la acusación fiscal”, lo que impide desvincular a los internos en esta instancia y señala su “probable participación en los hechos”.
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