La investigación comenzó con una serie de correos electrónicos enviados a la Justicia y a distintas instituciones, en los que se advertía sobre la colocación de explosivos en cines, teatros y otros establecimientos, varios de ellos vinculados con producciones de Adrián Suar. Los mensajes señalaban como objetivos a las salas donde se proyectaba Yo, Narciso, protagonizada por Suar y Natalia Oreiro, y al Multiteatro de la calle Corrientes, donde se representaba Secreto en la Montaña. También incluían a la Sociedad Argentina de Actores y al Hospital Garrahan.
En total, 30 establecimientos quedaron incluidos en las amenazas, que exigían retirar de cartelera las producciones relacionadas con el actor y productor. Uno de los correos, enviado el viernes 14 de agosto, llegó a la Cámara Criminal y Correccional y a un instituto superior de profesorado. El mensaje advertía sobre la supuesta presencia de explosivos y establecía incluso un horario para su detonación.
Los mensajes estaban firmados por una supuesta organización denominada CATYCEM, sigla de “Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios”. Sin embargo, los investigadores no encontraron registros que acreditaran la existencia de esa agrupación.
Ante la posibilidad de que las amenazas fueran reales, la Policía Federal desplegó operativos en los lugares mencionados. Personal especializado y perros detectores de explosivos inspeccionaron, entre otros establecimientos, el Hospital Garrahan y el Multiteatro. También fueron revisadas las salas donde se proyectaba Yo, Narciso, que por entonces se exhibía en más de 20 cines. No se encontraron explosivos.
El rastreo de los correos permitió avanzar sobre la identidad de quien los había enviado. La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal vinculó un teléfono celular con siete cuentas de correo electrónico que habrían sido utilizadas para realizar las amenazas. Una de esas cuentas estaba asociada a una mujer domiciliada en Versalles.
Con esos elementos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada sobre la calle Irigoyen. Allí fue detenida M.S., de 57 años, y los efectivos secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado para enviar las comunicaciones.
Durante el procedimiento encontraron además un afiche de Yo, Narciso con la cara de Adrián Suar recortada. El elemento fue incorporado a la causa junto con el resto de los objetos secuestrados y reforzó la línea de investigación que vinculaba los mensajes con las producciones del actor.
M.S. había trabajado como docente en distintos establecimientos públicos porteños. Fue maestra de Lengua y Literatura de quinto grado en la escuela Cristóbal Hicken. Según constaba en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, allí había enfrentado un sumario administrativo por una situación vinculada con su ausencia del puesto de trabajo luego de una licencia que se extendió entre abril de 2018 y marzo de 2019.
El 8 de marzo de 2022, el Gobierno porteño había dispuesto su cesantía a partir de otro expediente administrativo, relacionado con presuntas infracciones al Estatuto Docente durante su desempeño como profesora en el colegio secundario Ingeniero Huergo. Antes, había sido reincorporada a la escuela Hicken luego de presentar una apelación.
Sus reclamos también habían llegado al ámbito judicial. Entre ellos, había denunciado a la jueza porteña Karina Zucconi ante el Consejo de la Magistratura por una supuesta situación de discriminación. La presentación había sido rechazada en abril de 2023.
Además, según los registros de la Cámara Criminal y Correccional, desde 2018 había realizado diez denuncias ante la Justicia porteña. La mayoría no tenía personas acusadas o no especificaba un delito concreto y había terminado derivada o archivada.
La situación procesal de M.S. quedó condicionada por su estado al momento de la detención. La Justicia había previsto tomarle declaración indagatoria, pero el juez Marcos Fernández suspendió esa instancia después de que los investigadores advirtieran que su estado generaba preocupación.
Por ese motivo, el magistrado ordenó una evaluación preliminar del Cuerpo Médico Forense. El organismo determinó que la mujer “es un riesgo para sí misma y para terceros”. A partir de esa conclusión, M.S. fue internada en el Hospital Moyano, donde quedó bajo atención.
La Justicia no contaba entonces con un diagnóstico definitivo. La evaluación de su estado sería determinante para establecer si podía afrontar el proceso penal y cuál sería su responsabilidad por las amenazas. Si se determinaba que era inimputable, la causa podía ser archivada.
La investigación, que había comenzado con correos dirigidos contra distintos establecimientos y con un punto de contacto en las producciones de Suar, terminó así centrada en la situación procesal de la mujer detenida. Mientras tanto, los operativos realizados en los lugares señalados habían permitido descartar la presencia de explosivos.
Nota en desarrollo.
Jueces y legisladores inaptos, de ninguna manera debería cerrarse la causa; ni aunque la imputada esté desquiciada …porque años más adelante la liberan, y y ?