El director del módulo MD1, cinco guardiacárceles y dos médicos del Servicio Penitenciario fueron detenidos ayer, acusados de torturas seguidas de muerte en el caso de un interno de la cárcel de Bouwer (Estable-cimiento Penitenciario número uno: Reverendo Francisco Luchesse), mientras se espera que otro guardia se entregue. Se los imputa por golpear salvajemente y luego maniatar a un preso que falleció a causa de ese trato en septiembre del año pasado.
El fiscal José Mana sostiene que el pasado 18 de septiembre, César Darío Moreno (50) murió en el interior de la cárcel luego de sufrir una salvaje golpiza por parte de un grupo de guardias. Luego, la acusación sostiene que Moreno fue atado de pies y manos en una cama sin recibir atención médica durante 48 horas hasta que se descompensó y murió.
Cuando el 18 de septiembre pasado la fiscalía se anotició del deceso de Moreno en una celda de Bouwer, ordenó investigar según los protocolos internacionales de Minnesota (para casos de violencia institucional) y de Estambul (para episodios de torturas). Esto supuso que los médicos forenses realizaran una exhaustiva autopsia en busca de señales de lesiones corporales, ya que algunos efectivos poseen los conocimientos para golpear de manera descarnada, pero sin dejar marcas visibles.
El informe que llegó a la Fiscalía de Instrucción del Distrito uno, Turno tres sostiene que Moreno había sufrido una brutal golpiza antes de morir. Estos resultados distaban bastante de la descompensación natural e infarto que rezaba el acta carcelaria.
En la causa se sostiene que Moreno no tenía antecedentes penales ni condena alguna, sino que había llegado a Bouwer el 14 de septiembre luego de ser detenido en el Establecimiento Penitenciario número nueve (ex UCA) por un incidente en una panadería de Nueva Córdoba. Su traslado se dispuso por cuestiones de espacio, pese a que todavía no estaba resuelto si le iban a dictar la prisión preventiva.
Apenas ingresó a Bouwer, el 16 de septiembre, Moreno habría tenido un altercado con un guardia. Esto llevó a que fuera reducido y a que luego recibiera una brutal golpiza por parte de otros efectivos del Servicio Penitenciario, según sostiene la hipótesis de la fiscalía. Para llegar a ese punto de la investigación, durante más de seis meses Mana recolectó evidencia sustancial, incluyendo filmaciones, documental, prueba testimonial, técnico científica que respaldó la participación de los detenidos.
Todo lo investigado desencadenó una ola de nueve pedidos de detención de un jerárquico, seis guardias y dos médicos. A ellos se les imputa el delito de “tortura seguida de muerte” y la única pena posible es la de prisión perpetua.
Esto se suma a la seguidilla de casos que sacuden al Servicio Penitenciario de Córdoba desde la asunción del gobernador Martín Llaryora, quien ordenó la intervención del área al ex fiscal federal y ex fiscal General Gustavo Vidal Lascano. La profunda purga comenzó con la detención de Juan María Bouvier, director del servicio durante 15 años, quien mantuvo su cargo sin inconvenientes durante las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
