El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó al camarista Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad y por lesiones graves calificadas por violencia de género en perjuicio de la secretaria judicial Celina Laje Anaya.
La investigación fue impulsada por los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano y puso bajo análisis dos episodios vinculados con la integración de las salas de la Cámara Federal en expedientes relacionados con investigaciones por presunta evasión tributaria vinculada a la cerealera Bunge.
Uno de los hechos corresponde a la causa “Humanes”, ocurrida en diciembre de 2023. Según la investigación, Sánchez Torres dispuso que la Sala B fuera integrada con la camarista Graciela Montesi, pese a que esa conformación habría contrariado las reglas establecidas por la ley 27.439 y el acuerdo 316/2023 sobre subrogancias.
En ese momento, Laje Anaya, entonces secretaria penal de la Cámara, se negó a confeccionar el certificado de integración porque consideraba que no se ajustaba a la normativa. De acuerdo con la acusación, Sánchez Torres avanzó igualmente mediante un decreto y otorgó “preferente despacho” al expediente. Por este episodio fue procesado por abuso de autoridad.
El segundo cargo está relacionado con el trato que habría recibido Laje Anaya después de aquella situación. La resolución menciona una serie de conductas de maltrato y hostigamiento laboral. La funcionaria atravesó crisis de ansiedad y pánico y episodios depresivos, permaneció aproximadamente un año y tres meses de licencia y una junta médica diagnosticó un “trastorno por estrés post-traumático – episodio depresivo moderado”. El juez consideró que los hechos podían constituir lesiones graves calificadas por violencia de género.
En tanto, Montesi no fue procesada. En “Humanes” fue sobreseída parcialmente, mientras que en la causa “Padilla” recibió falta de mérito. En este último expediente, la Fiscalía había acusado a ambos camaristas de haber manipulado la integración de la Sala A para evitar la intervención de la jueza subrogante Liliana Navarro. Sin embargo, Sánchez Freytes consideró que no había elementos suficientes para sostener esa hipótesis y dictó falta de mérito para los dos.
Además del procesamiento, el juez dispuso un embargo de $70 millones sobre los bienes de Sánchez Torres y ordenó comunicar la resolución al Consejo de la Magistratura. El camarista continuará en su cargo mientras avance la causa y podrá apelar la decisión.
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