El Tribunal de Justicia de Córdoba inició una investigación administrativa interna para determinar las posibles responsabilidades de la fiscal Jorgelina Gutiez y tres de sus colaboradores en el caso del doble femicidio cometido por Pablo Laurta. La resolución, emitida por la Secretaría de Sumarios Administrativos a cargo de Tristán Mauricio Quiles y con la intervención de la vocal Jessica Raquel Valentini, busca establecer si existieron omisiones en el tratamiento de las denuncias previas contra el femicida.
Antecedentes
Cabe recordar que Laurta había sido denunciado por Luna Giardina en octubre de 2023 y posteriormente detenido en enero de 2024, sin que se aplicaran medidas restrictivas efectivas. Según los fundamentos de la investigación, al equipo fiscal se le cuestiona específicamente «no haber detectado la existencia de parámetros de gravedad» que hubieran permitido prever el riesgo inminente que representaba el agresor.
La abogada querellante Marina Romano, representante de las víctimas, amplió el espectro de posibles responsables al señalar que las responsabilidades podrían extenderse más allá del ministerio público. En declaraciones a Canal 10, la letrada manifestó que la investigación debería examinar también el accionar del personal policial interviniente en las denuncias anteriores.
Críticas al accionar fiscal
Durante su intervención mediática, Romano cuestionó severamente los argumentos esgrimidos por la fiscalía en su defensa, particularmente aquellos que señalaban que las pericias no indicaban peligrosidad en Laurta. «Esperemos que tenga una resolución y se pueda echar luz sobre por qué Luna no tuvo la protección del Estado», afirmó la abogada, reflejando el reclamo de justicia por la falta de prevención del desenlace fatal.
