La Oficina de Gestión Estratégica del Poder Judicial de Córdoba inició una mega encuesta en todo el territorio provincial, que indaga sobre percepciones de necesidades básicas insatisfechas, especialmente desde la perspectiva de eventuales derechos vulnerados. Arrojará un cúmulo de información amplia y detallada, sobre la cual se podría obtener un diagnóstico de los diferentes puntos de la provincia.
La actividad es inédita, pero se inscribe en un programa que tuvo otras expresiones, como una campaña de información en tiempos de elecciones o jornadas de puertas abiertas, cuando se mostró la labor de las oficinas de los palacios judiciales a alumnos de diferentes escuelas. El eje es una novedosa figura: la del referente judicial comunitario. Son jueces, fiscales, asesores, funcionarios y empleados de todas las áreas, que se inscriben para una determinada tarea fuera del horario laboral, no remunerada, con incentivo de puntaje.
La idea fuerza es acercar la Justicia a la gente y convertir a este tipo de acciones en una política institucional, motivando a los judiciales a salir de sus oficinas y desarrollar destrezas no jurídicas, reveló ayer en un artículo la periodista María Ester Romero.
Durante el año pasado se maquetó el programa. Así, se definieron los desafíos por necesidades básicas insatisfechas, por zonas geográficas, se analizaron estadísticas e información del último censo y se diseñaron proyecciones. “Diagramamos todo para ser certeros en las actividades y en los territorios”, explicó Carolina Granja, coordinadora de la Oficina de Gestión Estratégica en declaraciones al diario Perfil Córdoba.
La idea terminó de delinearse a fin de año, tras lo cual se abrió la inscripción. Se anotaron mil referentes judiciales que trabajan en equipos. Cada grupo tiene seis desafíos que se monitorean según los resultados fijados. Ese control se realiza en forma virtual a través de un sitio (Google Classroom) donde se suben los reportes, datos, fotos, y todo tipo de material pertinente.
Qué se hace ahora. El primer desafío planteado es conocer el terreno. Hay una guía de trabajo sobre un formulario que alimenta el gran sistema de recepción de respuestas. Las encuestas se efectúan a integrantes de 10 sectores definidos: salud, educación, medios de comunicación, justicia local, ONG, administración pública local, centros religiosos de cualquier credo, cultura, deportes y centros vecinales.
Cada equipo debe relevar las percepciones de personas vinculadas a cada uno de esos ámbitos. No necesariamente debe ser el máximo referente como el intendente, jefe comunal o sacerdote, sino feligreses en el caso del ámbito religioso, o un empleado del municipio. De ahí surgirán miradas diferentes, según las vivencias.
“Son preguntas de percepción”, subraya Granja y explica que la relevancia está en que esas miradas del entorno social son las que motorizan las acciones. Se pedirá opinión sobre derechos no reconocidos o vulnerados y también sobre la visión de cuál puede ser el aporte de la Justicia.
De ahí saldrá un cúmulo de datos cualitativos. Cómo piensa, qué necesita un ciudadano del norte provincial, del sur, de la zona agrícola, de localidades menos o más desarrolladas, con mayor o menor contención social. Se podrán detectar necesidades comunes o particulares de cada zona. En síntesis, un diagnóstico potente.
Durante este año hay seis desafíos a cumplir. No necesariamente se deben ejecutar en forma secuenciada. El primero ya está en marcha y consiste en el relevamiento. El segundo será una especie de focus group donde se entrevistarán en forma simultánea a distintos enlaces sociales con el fin de contrastar la información obtenida en la encuesta. Los resultados de estas primeras etapas estarán en breve.
Una Justicia de puertas abiertas y en la calle
Hubo dos acciones puntuales que pueden considerarse el antecedente de la actual figura de Referente Judicial Comunitario. En 2019 se concretó la campaña ‘Córdoba vota, la Justicia informa’. Se anotaron 2.000 voluntarios que salieron a espacios públicos, como plazas o colectivos, para mostrar a la gente cómo se votaba con la boleta única.
Otra actividad fue ‘Vivenciando la labor judicial’, que se hizo en los tribunales. También en esta ocasión, magistrados, funcionarios y empleados que se ofrecieron armaron equipos y mostraron su trabajo a estudiantes de universidades y de los últimos años de escuelas públicas y privadas. “Hasta hubo un ordenanza que contó historias de fantasmas en los edificios”, evoca Carolina Granja. A cada voluntario se le otorgó un certificado de expositor. En aquella ocasión, pasaron 16.000 personas por los tribunales.
