El Gobierno nacional se sumó ayer a una movida regional impulsada por Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; y Luis Arce, de Bolivia, con un comunicado donde expresaron su “profunda preocupación por la remoción y detención” del ahora ex presidente peruano Pedro Castillo, a la vez que abogaron por su restitución en el poder, contrariando la posición del Congreso local.
El comunicado significó, en realidad, un sutil cambio de posición del Gobierno de Alberto Fernández, cuya Cancillería había criticado en un primer momento a Castillo por alterar el “orden constitucional” al decretar el cierre del Congreso, movida que terminó con su destitución por parte del Poder Legislativo del vecino país –y la designación en su lugar de Dina Boluarte.
Castillo actualmente se encuentra detenido en una celda especial de una sede policial de Lima, acusado por presunta “rebelión”, situación que mereció un especial repudio del grupo regional, que reclamó que se respete “la voluntad popular” del pueblo peruano que se pronunció en las urnas.
La carta firmada por Fernández, AMLO, Petro y Arce hace “un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, reza el documento. Los mandatarios reclamaron además a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.
“Nunca se habla de restitución en el cargo”, aclararon fuentes oficiales, que indicaron que sí se hace referencia a que “hay q respetar el voto popular, es decir, que esos votantes ahora tienen que ser representados. ¿Cómo? ¿Con elecciones anticipadas? Que lo resuelva el pueblo”, explicaron.
