El Gobierno confirmó ayer la inclusión en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y anunció que enviará otras iniciativas vinculadas con reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada a la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, un asunto que el oficialismo nunca pudo destrabar.
Así fue anunciado en conferencia de prensa desde la Casa Rosada por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien confirmó la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos, para tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.
Cerruti aseguró que el temario de proyectos de ley “es lo suficientemente importante y extenso” y pidió que la oposición “entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir y no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”.
De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
La portavoz presidencial afirmó que “es necesaria una reforma judicial” porque “la Justicia en Argentina socava el Estado de derecho”. “Por ejemplo, la reunión de Lago Escondido demuestra que la justicia en Argentina actúa en contra del Estado de derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios, para organizar fallos judiciales y después arman un intento de encubrimiento”, indicó.
El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que fue calificada como “un hecho insólito” por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires.
Para el Gobierno, con el fallo sobre la Magistratura el máximo tribunal “violó la división poderes” al tratarse de un tema “que debe resolverse en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias”. Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado subrayó que su deber era “promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
