SANTIAGO DE CHILE. – Miles de manifestantes volvieron a copar ayer las calles en Chile en protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera, que el domingo atizó el fuego ciudadano al asegurar que “estamos en guerra con un enemigo poderoso”. Los balances humanos de las manifestaciones que se desataron el viernes pasado parece darle la razón: hasta ayer, se contabilizaban al menos once muertos y 2.151 detenidos, según números de la Fiscalía General del país.
Pese al “estado de emergencia” decretado por el jefe de Estado, que supuso una militarización de las principales ciudades del país –con la fuerte represión concomitante-, los chilenos volvieron a salir ayer a las calles de sus ciudades: en Santiago, miles de personas se concentraron desde el mediodía en las plazas de la ciudad en el marco de la huelga general convocada por organizaciones sociales y sindicatos para apoyar el reclamo de los estudiantes en contra del aumento del boleto del metro y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” por parte de los militares y Carabineros. La céntrica Plaza Italia, por ejemplo, registró la mayor manifestación desde el inicio de las manifestaciones, que no bajan de intensidad pese al despliegue militar y la represión oficial que dejó cientos de heridos.
Ni los vehículos blindados desplegados en las calles de varias ciudades del país pudieron detener ayer los saqueos y barricadas en distintas ciudades. Aun así, algunos ciudadanos de la capital intentaron retomar ayer su rutina, en medio de una tensión latente con los servicios de transporte y los comercios restringidos, con calles vigiladas por unos 8.000 soldados. Las manifestaciones se repitieron en grandes ciudades como Valparaíso y La Serena, donde también se extendió el control militar.
Ante tal escenario, a través de su Jefa de Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, Naciones Unidas llamó al diálogo y a investigar de forma independiente las muertes y las denuncias de abusos policiales. A la vez, desde el Gobierno, el propio Piñera salió a justificar sus declaraciones respecto al estado de “guerra” del país: “Reconozco que he hablado duro. Pero el deber de un Presidente no es solo garantizar el orden público, también es abrir de par en par los caminos del diálogo, la colaboración y la buena voluntad entre los sectores que quieran recorrer esos caminos”, aseguró en un mensaje televisado a toda la Nación.
En ese marco, anunció una cumbre con las fuerzas políticas de la oposición para “avanzar hacia un acuerdo social”, donde pondrá una serie de medidas: “Bajar el precio de los medicamentos reducir la listas de espera en los hospitales, mejorar la atención, implementar mejoras en el sistema previsional y un seguro para contrarrestar el gasto que representa la salud para las familias chilenas”, enumeró.
A su vez, el general Javier Iturriaga volvió a renovar el “toque de queda” para la noche de ayer en toda la Región Metropolitana: “El Gobierno tiene la obligación de enfrentar la violencia que provocan grupos vandálicos y delincuentes, desplegando todos los recursos de las Fuerzas Armadas y de orden, dentro del marco de la ley”, argumentó.
Claro que el saldo trágico de este estado de cosas se sigue incrementando a diario, como confirmó la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, quien informó que hay once fallecidos en su región a consecuencia de los incidentes del fin de semana. Su ciudad permanecía ayer con el transporte restringido, la mayoría de las escuelas, universidades y comercios cerrados, y varias empresas sin trabajar.
Bachelet llamó a iniciar un diálogo
GINEBRA.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó ayer a todos los actores políticos y a los representantes de la sociedad civil en Chile a iniciar un diálogo y evitar “la polarización de palabra o de hechos”, tras la violencia desatada y la polémica consideración del presidente Sebastián Piñera sobre el estado de “guerra” del país.
“Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días. Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”, expresó Bachelet en un comunicado.
