LA PAZ.- La represión de las manifestaciones sociales contra la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez sigue sumando muertos en Bolivia: ayer, una operación militar realizada para liberar una planta de hidrocarburos que los seguidores de Evo Morales mantenían bloqueada cerca de La Paz dejó al menos tres personas fallecidas y alrededor de 30 heridos. Los primeros informes indican que las fuerzas del orden utilizaron balas letales en el operativo.
Las manifestaciones encabezadas por los movimientos indígenas mantienen bloqueada la capital del país, prácticamente en un estado de desabastecimiento de alimentos y combustibles. La operación oficial buscó liberar la planta de abastecimiento de gas, nafta y diésel de Senkata en el distrito 8 de El Alto, donde las fuerzas policiales y militares atacaron con armamento letal según los testimonios.
La Defensoría del Pueblo constató al menos tres muertos por heridas de bala, aunque los vecinos denuncian que la cifra podría ser mayor. Un médico que se encontraba en el lugar relató en las redes sociales cómo murió una persona de unos 31 años en sus brazos, alcanzada por una bala en el pecho. “Se evidenció la muerte del señor Dayvi Posto Cusi, de 31 años, con un disparo de bala. Estamos pidiendo a las autoridades una investigación”, corroboró luego un vocero de la Defensoría del Pueblo.
Minutos antes, el fiscal general, Juan Lanchipa Ponce, había informado que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ya confirmó que el deceso de nueve manifestantes que el viernes participaban de una marcha pacífica en la provincia de Chapare, Cochabamba, se produjo por impactos de proyectiles de “armas de fuego largas”, según revelaron las autopsias realizadas. De uno de los cadáveres se extrajo un proyectil que será sometido a un estudio de balística, pues los restantes tienen ingreso y salida de bala, aunque la dimensión de las heridas permitió determinar el tipo de armas utilizadas en la represión.
Las ciudades de La Paz y El Alto, así como también Sacaba y Cochabamba, se encuentran colapsadas por las protestas de los seguidores del Movimiento Al Socialismo (Mas) que reclaman la renuncia de Áñez y el regreso de Morales al poder, con manifestaciones diarias en contra de la flamante mandatario y bloqueos de rutas que tienen aislada a la capital del país.
En ese contexto, Áñez firmó ayer un decreto que otorga 34,7 millones de bolivianos (más de 5.000.000 de dólares) a las Fuerzas Armadas para que compren equipamiento y armas, luego de que días atrás deslindara a las fuerzas de seguridad de cualquier responsabilidad penal en la represión de las protestas sociales.
Sin embargo, su política represiva comienza a tener repercusión internacional, ya que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, anunció que viajará a fin de mes al país para evaluar la situación de derechos humanos. En una carta publicada en Twitter, la CIDH especificó que la “visita de trabajo” se realizará entre el 22 y 25 de noviembre y estará liderada por Abrão junto a un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Áñez analiza convocar a elecciones por decreto
LA PAZ.- En medio de una convulsión social que no deja de crecer, el autoproclamado “gobierno interino” de Jeanine Áñez analiza convocar a elecciones por decreto en caso de que no llegue a un acuerdo con el Movimiento al Socialismo (Mas) en el Parlamento. Ayer, precisamente, el partido de Evo Morales suspendió la reunión la Asamblea Legislativa prevista para la tarde para analizar la renuncia del ex presidente y el proceso para convocar a nuevos comicios. Según informó el Mas, la Asamblea fue suspendida “a los efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación de país”, tras la instancia de mediación iniciada por la ONU y la UE (ver…). Pero el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, reclamó junto a otros sectores que las elecciones generales sean convocadas para el 19 de enero y dio un plazo hasta mañana para que el Gobierno de Áñez lo haga. “Necesitamos garantizar al pueblo boliviano un proceso eleccionario limpio y transparente, pero sobre todo, inmediato”, señaló Camacho. Ante ese escenario, la “presidenta interina” tendría ya redactado un decreto para convocar a los comicios, según trascendió en la prensa independiente.
La ONU, Europa y la iglesia iniciaron una mediación
LA PAZ.- La Conferencia Episcopal Boliviana, las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) iniciaron en las últimas horas un intento de mediación para buscar una salida a la crisis política y social que sacude a Bolivia. Sin la participación de ningún organismo regional, estas instituciones convocaron a representantes del gobierno interino de Jeanine Áñez, del partido del ex presidente Evo Morales y de organizaciones civiles, después de una semana de convulsión social. El objetivo es facilitar un acuerdo para renovar el Tribunal Electoral y convocar a nuevas elecciones. El propio Morales había solicitado el domingo “a organismos internacionales como la ONU, países amigos de Europa e instituciones como la iglesia católica (…) acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia. La violencia atenta contra la vida y la paz social”. Sin embargo, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, refugiado también en México, se declaró “Vicepresidente en el exilio” y aseguró que está dispuesto a volver “si eso ayuda a pacificar el país”. “Tendremos que volver, de alguna manera, si eso pacífica Bolivia, y encauzar una salida democrática y constitucional”, expresó.
La CIDH alerta sobre las violaciones a los DD.HH.
WASHINGTON. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer una enérgica condena al “uso excesivo de la fuerza” en las operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones sociales en Bolivia. Luego de anunciar el envío de una misión al país para constatar la situación (ver principal), el organismo internacional urgió al Estado boliviano a “tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos”. “Ante la crisis política e institucional es crucial que se construya un diálogo nacional amplio, creíble y representativo para una salida constitucional para la crisis”, aseveró el organismo dependiente de la OEA, a la vez que repudió “la situación de restricciones a la labor de periodistas y de los medios de comunicación” y destacó que “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas divergentes”.
