Hace más de dos meses, familiares de J.S, un hombre de 64 años internado en el Hospital de Urgencias en estado vegetativo persistente, presentaron un recurso de amparo para que le sea retirado el soporte vital y pueda morir en paz y, así, terminar con una agonía desgarradora y un calvario que atraviesa a todos sus seres queridos. Prisioneros de un duelo interminable, recurrieron a la Justicia para que ordene a los médicos del nosocomio que cumplan con el deseo de toda la familia de J.S, pero además con el respaldo de la legislación vigente sobre «muerte digna». Jamás se imaginaron que lejos de encontrar una solución iban a toparse con otro castigo. De hecho, a mediados de julio pasado reflejamos en este espacio bajo el título de Justicia Indigna, cómo las magistradas de la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación se habían ido de vacaciones de invierno ante esta cuestión tan dolorosa y urgente.
Hace algunos días, y cuando parecía que ya estaba todo listo para la resolución, la jueza María Ortiz pidió ampliar la prueba solicitando la intervención del Comité de Bioética del Poder Judicial, la integración de una junta médica y otras medidas que llevarán un tiempo importante, convirtiendo a este proceso en una penosa aberración incompatible con un Poder Judicial sostenido por el erario público y que tiene la obligación de administrar justicia con agilidad y eficiencia al servicio de la comunidad.
Todas y todos, también la jueza Ortiz, tenemos el derecho a profesar una religión y a luchar por nuestras creencias, incluso las dogmáticas. De lo que los magistrados no tienen derecho es a interferir sus decisiones con sus ideologías personales, y mucho menos esgrimir pretextos académicos para postergar fallos y «patear la pelota hacia adelante para que siga pasando el tiempo».
Que a esta altura J.S y su familia no hayan recibido el alivio que fueron a buscar, manifestado por el propio consentimiento, no sólo es una falta de respeto sino que ya se está transformando en una burla.
