El intendente capitalino y gobernador electo, Martín Llaryora, dijo que “es bueno que los trabajadores” dejen de pagar el impuesto a las Ganancias, aunque manifestó su preocupación por el recorte de fondos que dicha medida nacional supondrá para las finanzas de la Provincia, ya que resignaría unos 49.400 millones de pesos anuales.
Al ser consultado sobre el anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, tendiente a elevar el piso de Ganancias a 1.770.000 pesos y eliminar la cuarta categoría del tributo, el futuro mandatario cordobés afirmó: “Me parece bien que los trabajadores no paguen Ganancias pero imagino que habrán pensado alguna medida para compensar a las provincias, sino en lugar de anunciarla solo la tendríamos que haber anunciado las provincias”.
La alusión de Llaryora viene de la mano de la preocupación que ya existe en el Centro Cívico como consecuencia de que esa medida, una vez que sea puesta en práctica, alterará el drenaje de partidas que llegan desde la Nación a las provincias en concepto de coparticipación.
Esto es así porque el poco más del 60% de lo recaudado por el tributo se distribuye entre los 24 distritos de manera proporcional. Si se tiene en cuenta que, según el propio gobierno, el costo fiscal estimado de la mencionada disposición implica un billón de pesos al año, para el caso de Córdoba, la “pérdida” directa sería de $ 49.439 millones. Es decir, se trataría de alrededor de $ 4.120 millones promedio mensuales, en pesos de septiembre de 2023.
Según los actuales inquilinos de la Casa Rosada, esos ingresos se verán compensados con mayores fondos en términos de IVA ya que, de acuerdo con lo que aseguran en el Palacio de Hacienda, los 800.000 beneficiados con la medida gastarán bienes que pagan ese impuesto. El IVA también se coparticipa.
En el Panal, en primer lugar, dudan de que sea del todo certero el monto del ahorro fiscal estimado por Massa. Por otra parte, también descreen que el consumo vaya a mejorar lo suficiente como para equiparar la caída de los ingresos por Ganancias. Se espera que los cambios en Ganancias entren en vigencia mediante un decreto presidencial. De manera paralela, el Gobierno enviaría un proyecto de ley al Congreso. En Córdoba, están seguros que no será aprobado.
Revisarán el gasto público
Sobre el particular, el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, admitió que la decisión del gobierno nacional de subir el piso de Ganancias obligará a Córdoba a revisar el gasto público y avanzar con eventuales recortes en función de los menores ingresos que esperan vía coparticipación.
No obstante, en diálogo con el diario Comercio y Justicia, el funcionario evitó precisar la magnitud de esa reducción y las áreas que podría afectar. En ese marco, se conoció que las empresas contratistas de obra pública se pusieron en alerta frente a la posibilidad concreta de que el ajuste comience por ese sector.
Respaldo de los gremios de Córdoba
Los gremios de nuestra provincia nucleados en la CGT de Córdoba respaldaron en la víspera el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de promover la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, y les reclamó a los legisladores de la provincia que den “su apoyo a la iniciativa” para que sea aprobada en el Congreso Nacional.
Con la adhesión de 44 entidades sindicales y bajo la consigna “El salario no es ganancia”, la central obrera local emitió un documento que “respalda fervorosamente” la iniciativa y “reclama a los legisladores nacionales por Córdoba, el apoyo total a la iniciativa, que mostrará cuál es su grado de compromiso con las reivindicaciones de los trabajadores”.
Añadió que “hace largos años que los trabajadores formales activos y pasivos de nuestra patria venimos reclamado incansablemente la derogación del Impuesto a las Ganancias que expolia injustamente a nuestros salarios”. Asimismo, criticó a otros gobernantes por las “promesas no cumplidas de derogarlo” y por las “tibias reformas que nunca iban al fondo de la cuestión”. También cuestionó a los sectores de la oposición que se aponen al proyecto, al sostener que esas fuerzas representan “las políticas neoliberales y de la más salvaje reforma laboral”.
