La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó con duros reproches la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado el fallo del Tribunal Oral Federal número 1 en el caso Mackentor, durante la mega causa de La Perla, dictado en 2016. A la par, ordenó a la cámara que dicte una nueva resolución, en línea con la jurisprudencia por delitos de lesa humanidad.
Con la firma de sus cuatro integrantes, la CSJ dijo que “existe arbitrariedad en la sentencia (de la Cámara Federal de Casación Penal) en recurso, ya que convalidó la interpretación de los hechos y del derecho efectuada por el tribunal de mérito sin revisarla conforme es requerido al análisis jurídico de casación”. El fallo se refiere a la resolución de la cámara del 14 de noviembre de 2018, en donde se rechazó la apelación realizada por las víctimas de Mackentor. Fue por dos votos (Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos) a uno (Mariano Borinsky).
El voto en minoría había argumentado en favor de la aceptación del planteo encabezado por el abogado Juan Carlos Vega, que solicitaba la nulidad de todas las decisiones judiciales que continuaron a la ocupación de la empresa Mackentor por parte del general Luciano Benjamín Menéndez, desde el 25 de abril de 1977 a la fecha. Sobre la mayoría que avaló el fallo, la corte sostiene que “solo se aprecia una remisión a la jurisprudencia de esta Corte Suprema, sin ninguna consideración sobre cómo aplicaba a las particulares circunstancias del caso”, y asegura que “los hechos omitidos son muy relevantes”.
En esta línea, el máximo tribunal sostiene que mediante la ocupación de las sedes de Córdoba y Buenos Aires de Mackentor, el secuestro de directivos y empleados y la intervención judicial a cargo del coronel Rodolfo Batistella, dispuesta por el entonces juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma) “se concretó la transferencia ilegal de los principales activos de la referida firma” a “empresas amigas del poder militar”, mientras los integrantes y directivos de Mackentor se encontraban privados de su libertad y eran sometidos a torturas.
Y agrega que “la intervención judicial –así como los actos que en ese marco fueron realizados- formaron parte del plan sistemático llevado a cabo en la última dictadura militar, siendo que la intervención del Poder Judicial de la Nación -por medio de Ledesma- solo otorgó una fachada de legalidad a los actos que se encontraban viciados. (…) La decisión del juez debía ser analizada en el contexto en el que fue dictada, el cual permite inferir que su objetivo fue simplemente darle un marco formal de legalidad a la usurpación y vaciamiento que se llevó a cabo con la empresa”, sostuvo el fallo de la CSJ. Es la primera vez que estos hechos son mencionados por un tribunal de ese modo desde que la causa recorre la Justicia Federal provincial.
El largo camino de los Kejner para recuperar lo perdido
Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, que los militares ocuparon durante la última dictadura militar con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, y secuestraron a sus directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
En la madrugada del 25 de abril de 1977, las tropas de la Brigada Aerotransportada IV tomaron por asalto 10 propiedades de la empresa y secuestraron a 20 directivos y empleados para recluirlos en centros clandestinos.
Al día siguiente, el Banco Central bloqueó los fondos de Mackentor y dos días después Zamboni Ledesma adjudicó al Ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones” y designó a Battistela como interventor.
En 1985 los Kejner, dueños de la empresa, intentaron recuperar lo perdido, pero no pudieron, ya que la causa había prescripto. La causa resucitó en 2012, cuando se revocó el fallo al considerarse que se trataba de delitos de “lesa humanidad”.
