Mientras el Gobierno sigue negociando la letra chica de la Ley Ómnibus con gobernadores y espacios de la oposición más blanda, el oficialismo se terminó de convencer que no podrá cumplir con su objetivo inicial de sesionar antes de que termine este mes. El arco se corrió ahora para comienzos de mayo.
Aparecieron ciertos nubarrones en el horizonte, que tiene que ver con una serie de reparos que siguen sosteniendo -pese a algunos avances- los sectores de la oposición más proclives a ayudar al Gobierno.
Referentes de las cuatro bancadas «friendly» (UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) tuvieron una fructífera reunión en la cual hicieron una puesta en común sobre sus balances respecto del último borrador de la ley Bases que difundió el Gobierno, unificaron criterios y llevarán mañana una devolución al Poder Ejecutivo con propuestas de cambios.
Lo que quedó claro en este cónclave es que si bien el número para la aprobación en general está sobradamente garantizado (el PRO acompaña en su totalidad y la UCR garantiza 30 de sus 34 votos), hay temas que la oposición dialoguista no está dispuesta a avalar, y si el Gobierno pretende avanzar sin cambios se encontrará con la misma barrera que en febrero pasado, cuando voló por los aires el primer intento de aprobar la ley ómnibus.
En este marco de negociaciones inconclusas y reclamos de la oposición «light» que se mantienen (más allá de que bajó la belicosidad discursiva en los medios desde ambas partes), el escenario de una sesión en abril perdió toda vigencia y sentido.
Hay varias fechas tentativas que se están barajando para convocar al recinto: el jueves 2 de mayo (un día después de la marcha por el Día del Trabajador), el viernes 3 de mayo (que caería en la cornisa del fin de semana, lo cual podría complicar la logística debido a la duración de varios días que tendría esta sesión), el martes 8 de mayo y el miércoles 9 de mayo.
Según trascendió, se resucitaría el mismo dictamen que había sido tratado durante las sesiones extraordinarias y que había sufrido golpe de knockout por parte de la oposición. Sobre ese dictamen, se propondrán y votarán los cambios en el propio recinto sobre la base del borrador que el Gobierno hizo llegar a las distintas fuerzas políticas la semana pasada. También se aplicarán las modificaciones que se sigan negociando hasta el mismo día de la votación, que seguramente serán numerosos.
El reflotamiento del dictamen original permitirá saltearse el debate en el plenario de comisiones, donde una discusión de estas características suele embarrarse y alargarse, complicando los plazos fijados por el Poder Ejecutivo.
Además de votarse la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», la idea del oficialismo es que en la misma sesión se incluya el tratamiento del proyecto de «Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» que este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados por mesa de entradas.
Los temas conflictivos que le exigen modificar al Gobierno
En el primer renglón de las discrepancias con el borrador oficialista aparece subrayada la cuestión de los fondos fiduciarios que el Poder Ejecutivo pretende eliminar, si bien existe el compromiso de mantener los recursos para la finalidad y destino de los fideicomisos vía presupuestaria.
Además, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO e Innovación Federal reclaman que las asignaciones específicas de los fideicomisos vuelvan a la masa coparticipable y no vayan al Tesoro.
«No hay acuerdo en cómo está el artículo en el último borrador conocido. No queremos que esos fondos se los quede (el ministro de Economía, Luis) Caputo», señaló en off the record una alta fuente del bloque radical que participó de las negociaciones con las demás bancadas de la oposición amigable.
Tampoco existe acuerdo con el artículo que autoriza la disolución de organismos, y exigen que se agreguen como excepciones (para que queden a salvo de intentos de cierre) al Instituto Malbrán, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En cuanto al capítulo privatizaciones, persisten las diferencias ya que hay un sector interno de la UCR y un sector interno de Hacemos Coalición Federal Federal que no quiere saber nada con que se declare sujeta a privatización parcial (aunque el Estado conserve la mayoría accionaria) al Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios y Nación Bursatil.
En este sentido, proponen como solución alternativa que la privatización parcial de estas empresas se incluya en un anexo separado al paquete que engloba a otras empresas.
De esa manera, los diputados de estos dos bloques tendrán la libertad de votar a favor o en contra de la privatización parcial del Banco Nación sin por ello afectar su postura sobre el resto de las empresas que se propone privatizar en otro anexo.
Sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, hay acuerdo con el Gobierno en circunscribir la consolidación de títulos públicos (dejando fuera las acciones), pero «hay dudas» respecto de las deudas con las cajas previsionales de las provincias.
«Hay 80 mil juicios que quedaron son pagar. Estamos transfiriendo al Tesoro sin pagar estos pasivos. Tiene que resolverse esas deudas antes de consolidarse títulos», indicaron desde la UCR.
En cuanto al artículo 70 sobre desregulación económica, no hay ningún acuerdo en cómo está redactada, y prevalece la opinión en estos bloques de que se elimine del texto. «Es un permiso para derogar todo tipo de leyes, y que (Federico) Sturzenegger sea convierta en emperador legislativo», argumentaron.
Respecto a las fusiones de empresas, el Gobierno ya habría aceptado en conversaciones informales que sea el Tribunal de Defensa de la Competencia el encargado de revisar esas decisiones, y no la Agencia de Mercados y Competencia como propone el último borrador.
Otro tema en discusión será la inclusión o no de la reforma laboral dentro de la ley Bases. Tanto el PRO, como la UCR y Hacemos Coalición Federal prefieren -y así lo hicieron saber- que esté contenida en la mega iniciativa ómnibus.
La ley de Medidas Fiscales está más encaminada
El proyecto de «Medidas Fiscales» ingresó este miércoles y este jueves comenzará a ser debatido en comisiones con la presencia de funcionarios de la secretaría de Hacienda y la AFIP.
A diferencia de la ley ómnibus, donde los sectores dialoguistas hacen saber sus disconformidades y se mantienen incólumes frente a determinados temas, en el debate sobre el paquete fiscal las diferencias son menos pronunciadas, por lo que no se esperan grandes contratiempos.
Aún así, hay observaciones y planteos. Acerca del Régimen Simplificado de Grandes Inversiones (RIGI), la oposición moderada va a acompañar, pero ya transmitió su deseo de que el piso para participar de los beneficios impositivos no sea tan alto (200 millones de dólares de inversión mínima), de manera tal de ayudar a inversiones más chicas.
También hay acuerdo con eliminar la moratoria previsional, pero se exige un compromiso para que exista algún tipo de política alternativa. «Sino vas a tener gente con 28 años de aportes que no va a poder recibir ninguna remuneración», advirtieron.
Otro asunto en el que no van a pagar la guardia es en Bienes Personales, donde van a acompañar pese a que son son conscientes de que los beneficios para «los ricos» son excesivos (como el anticipo de hasta cinco años fiscales para dejar de pagar este tributo hasta 2038). Pero la obsesión de esos sectores de la oposición dialoguista es que lo recaudado sea coparticipable y no quieren sorpresas de último momento en este sentido.
