El Tribunal Oral Federal número 2 dará inicio el jueves 14 de noviembre próximo a partir de las 9:30 horas un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, en el que está imputado el ex secretario penal, Carlos Otero Álvarez, por 94 hechos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de dar cuenta ante autoridades competentes.
Este proceso se desarrollará en los Tribunales Federales II, ubicados en Crisol 670, a dos cuadras de Plaza España. Para participar, se puede asistir con DNI. Para dar comienzo al juicio, se habilitó un nuevo tribunal que estará integrado por los jueces Facundo Zapiola (Córdoba), Mario Martínez (La Rioja) y Cristina Giordano (Córdoba).
La Sala I de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, en octubre de 2020 -hace ya cuatros años – anuló el punto 9 de la sentencia de 2017 que determinó la absolución de Otero Álvarez. Por unanimidad, el tribunal consideró que en ese punto la sentencia «no contiene los fundamentos jurídicos suficientes, defecto que la descalifica como acto jurisdiccionalmente válido en tanto el pronunciamiento no resulta congruente con el cuadro de prueba agregada a la causa, ni con el derecho de aplicación lo cual conduce a concluir que corresponde su anulación».
También expuso que “…al momento de juzgar el comportamiento de Otero Álvarez, los magistrados de la instancia anterior llevaron a cabo una valoración parcializada de las pruebas colectadas omitiendo diversos aspectos esenciales”. Y subrayó que la sentencia “se apartó del paradigma de los derechos humanos y de la naturaleza jurídica del derecho penal internacional”.
Al fundamentar el cuestionamiento a la absolución del ex magistrado Otero Álvarez, por parte del tribunal anterior, que presidió el juez cordobés Julián Falcucci, Casación conceptualizó que “la sentencia es el resultado del debido proceso, reprobándose la simulación de enjuiciamientos, cuyo propósito ha sido la vulneración de las normas convencionales sobre derechos humanos, para consagrar la impunidad de los imputados y la vulneración de los derechos de las víctimas que impidan investigar y arribar al derecho a la verdad”.
“La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal puso en evidencia las sospechas de parcialidad, manifestadas por los querellantes, al advertir la conducta corporativa del tribunal anterior, que absolvió hace siete años, al imputado Carlos Otero Álvarez”, expresó en un comunicado la Comisión de Homenaje UP1, -de familiares y amigos/as de presos políticos asesinados en la cárcel penitenciaria de barrio San Martín de nuestra ciudad.
Al respecto, recalcó que “este nuevo juicio a la complicidad judicial en Córdoba constituirá otra oportunidad de justicia reparadora que, aunque demorada, llegará en beneficio de la sociedad que anhela una convivencia en base a la verdad, la libertad, la solidaridad y la justicia”.
Las audiencias se concretarán el 14 y 25 de noviembre venideros, a las 9:30; el 5 de diciembre, a las 14:30; el 18 y 23 de diciembre, a las 9:30; y el 10 y 18 de febrero de 2025, a las 9:30.
Por el Ministerio Público Fiscal participarán Carlos Gonella (fiscal General) y Facundo Trotta (Auxiliar), e integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado – Córdoba.
Las abogadas de la querella, en representación de las familias Pucheta, Vaca Narvaja y Baronetto, serán Adriana Gentile y Patricia Chalup; y los defensores particulares serán Julio Deheza y Marcelo Brito.
Camino al juicio
En 2017, el Tribunal presidido por Julián Falcucci, junto a los vocales Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, condenó a tres años de prisión al ex juez Miguel Ángel Puga y al ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, y los inhabilitó en forma absoluta por un año. Sin embargo, absolvió al ex secretario penal Carlos Otero Álvarez, arguyendo que había actuado como “un mero fedatario” que no estaba obligado a receptar las denuncias realizadas por numerosas víctimas del terrorismo de Estado.
Dicho fallo fue apelado por los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta; y también por las abogadas de la querella Adriana Gentile y Patricia Chalup.
Cuatro años después, la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, anuló el punto 9 de la sentencia que determinó la absolución y ordenó un nuevo juicio. Por unanimidad, consideraron que “carece de fundamentos jurídicos suficientes” y “no resulta congruente con el cuadro de prueba agregada a la causa, ni con el derecho de aplicación lo cual conduce a concluir que corresponde su anulación”.
A la vez, señalaron que los jueces de la instancia anterior “llevaron a cabo una valoración parcializada de las pruebas colectadas, omitiendo diversos aspectos esenciales, apartándose “del paradigma de los derechos humanos y de la naturaleza jurídica del derecho penal internacional”.
En esa dirección, la Cámara cuestionó la absolución en estos términos: “La sentencia es el resultado del debido proceso, reprobándose la simulación de enjuiciamientos, cuyo propósito ha sido la vulneración de las normas convencionales sobre derechos humanos, para consagrar la impunidad de los imputados y la vulneración de los derechos de las víctimas que impidan investigar y arribar al derecho a la verdad”.
