La reciente creación de la cuenta «Oficina de Respuesta Oficial» en la red social X, promovida por la Presidencia de la Nación, ha generado un fuerte rechazo y preocupación en las principales organizaciones que nuclean al periodismo en la Argentina. Tanto el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitieron sendos comunicados advirtiendo sobre los riesgos que esta iniciativa implica para la libertad de expresión y el debate democrático,.
FOPEA: Rechazo a la «verdad oficial» y al uso de recursos públicos
FOPEA manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la iniciativa, cuyo objetivo declarado por el Gobierno es «desmentir activamente la mentira» y «dejar en evidencia operaciones». Para la organización, el Estado no puede erigirse como un «tribunal de la verdad», ya que la pretensión de establecer una verdad única choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre,.
En su análisis, FOPEA subraya que el compromiso del periodista es la búsqueda de la verdad mediante el rigor y el chequeo de fuentes, y nunca como una imposición dogmática desde una posición de poder. Además, la entidad denunció la gravedad institucional de utilizar estructuras oficiales y recursos públicos sostenidos por la ciudadanía para «vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica».
Esta situación se da en un contexto que FOPEA califica como de retroceso en el acceso a la información pública, citando la modificación por decreto de los alcances de la Ley de Acceso a la Información y la falta de conferencias de prensa regulares. La organización recordó que su postura ha sido coherente durante 23 años, rechazando intentos similares de auditoría del discurso público por parte de otros gobiernos.
ADEPA: Inquietud por la dinámica acusatoria y el estigmatismo
Por su parte, ADEPA manifestó su «inquietud» por el potencial uso de esta oficina para señalar supuestas «operaciones mediáticas». Si bien la asociación reconoce el derecho de los gobiernos a comunicar su versión de los hechos y difundir información institucional, advierte que el problema radica en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignar a esta nueva cuenta.
ADEPA enfatizó que el Estado es simplemente una fuente más de información y no el «árbitro de la verdad pública». El organismo advirtió que cuando las instituciones estatales asumen funciones de verificación de contenidos, corren el riesgo de convertirse en mecanismos de vigilancia o disciplinamiento indirecto del periodismo y las opiniones críticas.
Un punto que llamó la atención de la asociación es que la oficina gubernamental se enfoque exclusivamente en la actividad periodística bajo el rótulo de «operaciones», ignorando la desinformación y las falsedades que circulan de forma anónima o a través de perfiles falsos en redes sociales. Según ADEPA, el mejor remedio contra la desinformación no es la «verdad oficial», sino un ecosistema plural de medios libres e independientes. Finalmente, la entidad recordó que son las personas, y no el Estado, quienes actúan como el «último juez del trabajo periodístico» al contrastar fuentes y formar su propia opinión.
Una advertencia sobre la libertad de expresión
Ambas organizaciones coinciden en que la creación de este tipo de oficinas gubernamentales socava la necesaria rendición de cuentas pública. Mientras FOPEA insiste en que ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público invalidando al otro, ADEPA sostiene que la confianza de las audiencias es lo que valida la función social de los medios,. En definitiva, la postura de la prensa argentina es clara: el control de la información por parte del Estado representa una amenaza a la pluralidad necesaria para la vida democrática,.
