El fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, dispuso agravar la imputación de dos de los detenidos por el asesinato de la niña Aralí Vivas, ocurrido en la localidad de Brinkmann, en el departamento San Justo. El funcionario judicial dispuso que tanto el padrastro de la nena de 8 años, Ezequiel Simeone, como su amigo, Christian Varela, ahora sean acusados del delito de «homicidio criminis causa», es decir, que la mataron para ocultar un delito previo.
Ese delito es el de abuso sexual con acceso carnal, ya que el fiscal se basó en el resultado de la autopsia practicada, que confirmó la presencia de semen en su cuerpo, pese a que estaba calcinado por el incendio provocado en su vivienda. Tras esta determinación, Gieco abandona la instrucción y lo actuado pasa a su par de Morteros, Yamila Di Tocco.
Esta funcionaria judicial deberá determinar, en el marco del proceso, si hubo responsabilidad en los funcionarios de la UDER, la Unidad de Desarrollo Regional, que depende de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, en la decisión de restituir la niña a la tutela de Simeone y de la madre de la víctima, Rocío Rauch, también detenida y acusada de «omisión de cuidado».
