Pese a las declaraciones contra la casta, los números indican que el ajuste del presidente Javier Milei se concentró en los fondos destinados a seguridad social, obra pública y transferencias a las provincias en 2024, donde el líder libertario logró podar el 27% del gasto público, equivalente a 5 puntos del PBI. Si se incluye a provincias y municipios, el gasto público consolidado argentino caería este año en torno al 7% del PBI, un ajuste anual sin precedentes en la historia.
“Durante su primer año de gestión, el Gobierno nacional concretó una reducción del gasto público del orden de 27% real respecto a 2023, lo que transforma a esa reducción en la mayor baja interanual de gasto que se haya hecho en Argentina”, explicó Nadin Argañaraz del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF); mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que “de enero a noviembre los gastos totales acumulados se redujeron 27% interanual en términos reales. En lo que va del año los recortes más pronunciados se concretaron en gastos de capital (-76,8%) en gran medida por menores transferencias a empresas públicas y a provincias, y en transferencias corrientes a las provincias (-76,6%), fundamentalmente por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente”.
En la misma línea, la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) reseñó que “los conceptos que más incidieron en la reducción del Gasto Primario fueron las Transferencias Corrientes y las Prestaciones de la Seguridad Social, dado que entre ambos explican el 66,7% de la caída (-42,2% y -24,5% respectivamente). Por su parte, los Gastos de Capital explicaron el 21,1%”. Así, “el gasto primario real terminaría 2024 con una caída real interanual del -26,7%. Dada una caída real del -16,3% del gasto en jubilaciones, el resto del gasto primario terminaría registrando una caída real del -33,3%”, completó Asap.
“Por su peso (40%) en el gasto total, la incidencia de la motosierra en el gasto en las Prestaciones de la Seguridad Social se destaca como uno de los más importantes”, agregó el especialista Ismael Bermúdez, que recurrió a la OPC para precisar que “el gasto en jubilaciones y pensiones cae como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos otorgados a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El poder de compra promedio de once meses de 2024 registra una caída real de -21% interanual respecto de igual período de 2023”, según la OPC.
Esta oficina oficial precisó que, entre los gastos sociales recortados se destacan las Políticas Alimentarias (-18,1%), con lo que “el poder de compra de las prestaciones presenta una caída real de 14,3% en el acumulado de once meses de 2024 respecto de igual período de 2023”; el plan Potenciar Trabajo con -59,3% real; la Atención Médica a los beneficiarios de Pensiones no contributivas (-12.4% real) y Becas Progresar (-64.2% real). En sentido contrario, crecieron el Seguro de Desempleo (+ 81,2% real), Acciones de nutrición-Programa 1.000 días (+182,7% real) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con +35,1% real.
Nuevo régimen de contrataciones
Como una de las últimas medida del año, el Gobierno oficializó un nuevo régimen de contrataciones para el sector público, donde estableció una serie de prohibiciones para realizar designaciones, fijó la duración máxima de los contratos y estableció que todos los empleados del Estado deben acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.
A modo de resumen, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló: “El Decreto 1148/24 publicado hoy con firma del presidente Milei estipula que, en 2025, cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado tres bajas previas. La motosierra continúa”, celebró. Además, cuando se concluya el período de evaluación, “no serán posibles altas en el sector público sin aprobar el examen de idoneidad, los que también deberán instituirse en empresas con mayoría estatal”, informó Sturzenegger.
