La Coalición Cívica (CC) presentó ayer un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno nacional comunique sobre el presunto ingreso al país de una mujer, en un vuelo privado desde Miami, con valijas que no habrían sido controladas por orden de las propias autoridades. Se trata de un nuevo escándalo en potencia de la administración de Javier Milei, revelado el lunes por el periodista Carlos Pagni en medio del “criptogate” que tiene al Presidente como principal protagonista.
El periodista contó en La Nación + que «hay un revuelo en la Aduana» por un caso que recuerda al valijero Antonini Wilson, que en pleno gobierno de Cristina Kirchner en 2007 entró al país con una maleta con US$ 790.550 que no había declarado y que fueron decomisados.
«Se dice que la semana pasada llegó un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita llamada Laura Belén Arrieta, aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el núcleo en el que participa mucha gente del Gobierno y donde está (el presidente de EE.UU., Donald) Trump, por lo que Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas», contó Pagni.
Además, «ella habría llegado desde Miami con una cantidad de valijas, aunque no se sabe cuántas, sí eran muchas. Y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana realizaron un operativo, hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada», denunció.
La citada Arrieta tuvo un rol muy importante en la CPAC Argentina, realizada en diciembre pasado, que conduce directamente a Santiago Caputo y Agustín Romo, que impulsaron el encuentro en Buenos Aires y tienen lazos muy fuertes con la versión norteamericana del grupo. Además, Arrieta trabaja en la firma OCP TECH, una empresa de «soluciones tecnológicas» propiedad de Leonardo Scatturice, a quien Clarín identificó como un ex agente de la Side que tendría lazos con Santiago Caputo y le habría propuesto el nombre de Andrés Vázquez para la DGI. Scatturice vive en Miami, desde donde vino el vuelo privado de Arrieta, e integró a la cúpula de la CPAC en los Estados Unidos.
La noticia encendió las alarmas de la oposición, que pidió explicaciones al Gobierno, cuyas fuentes deslizaron de manera extraoficial que las autoridades aeronáuticas “realizaron todos los controles de rutina” sin novedades. Las fuentes insistieron en que no hubo irregularidad alguna con ese vuelo y afirmaron que “se realizó el procedimiento habitual de acuerdo a las normas aeronáuticas vigentes”.
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