Todo parece indicar que el dinero físico irá desapareciendo, más rápidamente en los países y zonas más desarrollados que cuentan con mayor conectividad, bancarización y/o acceso a redes móviles. En ese derrotero, las luchas de poder se revelan en las distintas modalidades que se ofrecen o van a ofrecer.
Básicamente, hay tres tipos de criptomonedas: 1) Las CBDC «Central Bank Digital Currency» o Moneda digital del Banco Central; 2) Las “Stablecoins” o monedas estables respaldadas, que lo pueden ser por: a) activos físicos –por ejemplo comodities como granos, petróleo, gas, oro, etc.-; b) por una canasta de monedas en proporciones fijas que son depositadas en instituciones financieras reguladas como bancos; c) respaldadas por otras cripto monedas en especial Bitcoin; 3) Las de “señoreaje” sin respaldo, ni más credibilidad que la de un personaje que la patrocina, como en $libra o $Trump.
Bitcoin (BTC), Ethereum y otras menos conocidas, son monedas creadas en forma descentralizada –o sea sin intervención de un Banco Central o administrador único- y con una cantidad determinada por el contrato inteligente generado en su creación.
Hoy se utilizan más como reserva de valor que como medio de pago, en la que han invertido desde Bancos Centrales, grandes bancos, administradores de fondos de inversión, grandes empresas o evasores y delincuentes que aprovechan el anonimato que provee.
Si bien es evidente la volatilidad de Bitcoin, ésta ha disminuido mucho en la medida que se han sumado a ella grandes actores del mercado y gobiernos lo que refuerza su rol de reserva de valor, ya que su cantidad está predeterminada por el contrato inteligente –o sea que se aplica automáticamente y no puede ser modificado- generado desde su creación.
La discusión de poder más importante que se esconde detrás de todas estas alternativas pasan por las preguntas ¿Quién controla la información de los usuarios/inversores? ¿Para qué se usará esa información? Esta discusión se da entre los Bancos Centrales normalmente controlados o con gran influencia de los Bancos Comerciales, de inversión y fondos administradores, y los que pretenden conservar el anonimato que hasta ahora les daba el efectivo, el oro, las piedras precios, las obras de arte, antigüedades, etc.
Es que una moneda digital controlada por un Banco Central éste inevitablemente identificará a sus propietarios y por supuesto impedirá o dificultará su circulación sin que se enteren las autoridades fiscales. Quizás por eso el Partido Republicano de EEUU ha prohibido a la Reserva Federal emitir una de ellas y el Banco Central Europeo por el contrario promueve la suya.
Prohibir a la Reserva Federal su emisión, implica que los Bancos y Administradoras de fondos controlen ese mercado y la información, sin que el Estado conozca la identidad de sus inversores, salvo con órdenes judiciales fundadas.
Por ello, inversores especulativos y por supuesto algunos de sus clientes se oponen advirtiendo “la pérdida de libertad” e instalando una paranoica posibilidad que a través de ella se instale un control total de las transacciones económicas de los ciudadanos al estilo de la novela distópica “1984”, en donde el “Gran Hermano” y el “Partido Interior controlaban las “neolenguas” que cambiaban el significado de las palabras, y el “librepensar” que era un delito.
China, por su lado hace un tiempo que ha instalado el yuan digital que opera con gran penetración en las transacciones comerciales de todo tipo, sin que se hayan dado en la realidad un control tan estricto, salvo en casos de corrupción, narcotráfico, etc. que se identifican tanto por la CBDC de su Banco Central como por grandes movimientos de efectivo que han llegado a condenas de muerte.
En cuanto a las criptomonedas «de señoreaje» -como $Libra promovida por Javier Milei o $Trump- se utilizan para recaudar en forma anónima aportes de campaña, aunque como se ha visto pueden generar estafas que están fuera del alcance de las autoridades del mercado de capitales, Bancos Centrales u otros Entes reguladores.
Hacia el futuro es probable que las CBDC se instalen en algunos países –China, Unión Europea, etc.- lo que permitirá aumentar la fiscalidad y legalidad de las operaciones, aunque ello dependa de la transparencia y rigurosidad de las autoridades que controlen la entidad e información.
También pueden existir Stablecoins de Bancos y Administradoras de fondos –vía los fondos llamados ETF (Exchange Traded Fund) basados en criptomonedas- que les permitan sobrevivir en un sistema en el que serían prescindibles, tal como se los conoce ahora en la medida que ya no serán necesarias sucursales con atención al público.
Por último, a partir de Bitcoin (2008), Ethereum (2015), etc. descentralizadas, se están desarrollando muchas aplicaciones (wallets o billeteras) que aprovechan los servicios que les proveen, sin control de terceros.
Estas aplicaciones y la minería (extracción de bloques de la cadena que validan las operaciones) son objetadas por la alta utilización de hardware y energía, cuya disponibilidad es costosa y a veces imposible sin grandes inversiones, que se deben realizar previo a su instalación y se recuperan por la remuneración en bloques que reciben de la plataforma que están predeterminadas.
Las cripto de señoreaje –muchas de ellas basadas en Solana y otras plataformas-, tras las estafas y fracasos de las memecoins, es posible que solo queden para negocios marginales, por el descrédito que han acumulado.
En este contexto, las dificultades de los países en controlar los flujos de capital financiero y pagos para recaudar impuestos, serán cada vez mayores y dependerán de los controles físicos sobre las mercancías –lo que está generando cada vez más restricciones por aranceles y barreras no arancelarias como las sanitarias, de seguridad, etc.-, pero casi imposible para los servicios que están aumentando su participación en su PBI.
Esa movilidad ilimitada, instantánea y anónima puede y provocar gran debilidad en los sistemas de financiamiento ilegal de la política –Hugo Alconada Mon lo define en su libro “La raíz de todos los males”-, que debilitará los sistemas republicanos, salvo que se mejoren sustancialmente los controles de orígenes, aplicaciones y evolución de fondos de funcionarios, partidos, sus dirigentes y financiadores, y se hagan mucho más gravosas las penas por romper las reglas tal como ha ocurrido en China, aunque sin llegar tan lejos.
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