El Gobierno nacional cedió a los fiscales federales 5.000 metros cuadrados del predio de la ex ESMA, en el barrio porteño de Núñez, para que trabajen con el nuevo sistema procesal acusatorio, cuya implementación en la Ciudad está prevista para el próximo 11 de agosto.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien afirmó que “los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad”.
Según detalló el funcionario, la medida está alineada con “el compromiso asumido por el presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios y fortalecer a la Justicia”.
El edificio entregado cuenta con tres niveles, 20 despachos privados, un auditorio, comedor, cocina, estacionamiento y lugar para 350 puestos de trabajo.
Aunque los fiscales habían solicitado 10.000 metros cuadrados, el Gobierno accedió a entregar la mitad del espacio pedido. Hasta ahora, los fiscales trabajan en Comodoro Py 2002, y con esta medida contarán con un inmueble propio.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, agregó: “Se asumió el compromiso de darle a la Justicia las herramientas para que pueda meter presos a los delincuentes y se está cumpliendo”.
Controversia y contexto político
El edificio está ubicado junto a la Secretaría de Derechos Humanos, organismo que fue degradado en jerarquía durante la actual gestión. Allí, según datos oficiales, fueron despedidas 450 personas, situación que provocó manifestaciones de sindicatos y organismos de derechos humanos.
La decisión de destinar parte del espacio de la ex ESMA a funciones judiciales se inscribe en una «reestructuración de prioridades institucionales», impulsada por el Ejecutivo nacional.
