El Tribunal de Cuentas de la Provincia rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2024 tras detectar irregularidades en la administración provincial.
Al respecto, Beltrán Corvalán, contador, referente del Frente Cívico y actual vocal por la minoría, sostuvo que el análisis realizado por el personal técnico del organismo reveló “cuestiones mal hechas” que derivaron en la decisión. Entre los puntos más críticos aparecen un déficit millonario, maniobras contables irregulares, incumplimientos legales y la creciente falta de control sobre la obra pública.
Corvalán, ex legislador provincial, cuestionó los números oficiales presentados por el Ejecutivo y detalló: “Ellos dicen que tienen superávit, es decir que los ingresos fueron mayores a los egresos, y nosotros decimos claramente que hay un déficit importante de 65.400 millones”.
El vocal explicó que parte de la maniobra detectada tiene que ver con el modo de computar los gastos: “Si cualquier alumno hace lo que ellos hicieron en la Cuenta General del Ejercicio, se lleva un bochazo tamaño baño (sic), porque utilizan determinados gastos en vez de computarlos como gastos, lo activan, van a decir, forman parte de los bienes del Estado, algo que va en contra de todo lo que dicen los consejos profesionales de la Argentina, cualquier norma contable básica”.
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Obra pública “fuera de control”
Corvalán también advirtió sobre el funcionamiento de las agencias y su impacto en el control estatal: “Esto lo vemos en el ejercicio 2024, donde el 62% de la obra pública no pasa por el Tribunal de Cuentas y lo hacen por las agencias».
En ese sentido, explicó que este mecanismo se consolidó en los últimos años: “A partir de que hicimos eso, llevan la mayor cantidad de la obra pública, ya no pasa más por el Tribunal de Cuentas, sino que lo hacen por las agencias salteando el control.” Sobre la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), Corvalán añadió: “Cuenta con 30 empleados, como si 30 empleados pudieran hacer los planos, verificar la obra, hacer los cómputos de los materiales… y para obviar el control del Tribunal de Cuentas hacen como que lo hace la agencia”.
Incumplimientos legales y fondos para educación
El rechazo del TdC también se fundamenta en el incumplimiento de la ley 9870, que establece un piso de inversión en educación: “Se incumplen con determinadas leyes, por ejemplo, la ley 9870, que establece que un 35% de los gastos de la provincia de Córdoba debe ir a la educación. Y en 2024 únicamente el 23% fue a educación, es decir, muchísima plata menos”.
Corvalán ejemplificó las consecuencias: “Lo vemos, por ejemplo, cuando vemos algunas escuelas que están en mal estado, cuando vemos el salario de nuestros docentes que ha disminuido en términos reales”.
Preocupación por la falta de transparencia
El vocal por la minoría no ocultó su preocupación por la falta de control y la proliferación de “agujeros negros” en la administración pública provincial: “Las agencias sí son verdaderos agujeros negros donde nadie tiene el control de lo que se gasta ni cómo se gasta”.
Y anticipó que se evalúan alternativas institucionales: “Estamos analizando hacer un proyecto de ley para que las agencias vuelvan a la provincia y, en definitiva, no haya este doble gasto, porque hay muchas agencias que hacen exactamente lo mismo que hace la administración central”.
Consultado sobre la respuesta oficial a estos cuestionamientos, Corvalán fue tajante: “No dijeron nada. Presentaron los números. Nosotros hacemos el análisis, lo hace el personal de planta acá, y cuando vemos esto claramente decimos esto no puede estar ocurriendo. Y bueno, esta es una de las tantas razones por las cuales rechazamos la Cuenta General del Ejercicio».
