El Gobierno nacional prorrogó la intervención de la empresa estatal Corredores Viales mediante el Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con el fin de completar el proceso de privatización y disolución.
El proceso, iniciado en abril, se fundamenta en la Ley Bases y el Decreto 97/2025, que autorizan avanzar hacia la concesión de obra pública por peaje. El Ejecutivo destacó la necesidad de un plazo mayor para «asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores».
Gestión y auditorías
La interventora Anastasia María de los Ángeles Adem, ratificada en su cargo, lidera auditorías sobre el estado financiero, organizativo y operativo de la empresa. Se detectaron “falencias estructurales” y deficiencias en administración, finanzas, compras y capital humano.
En respuesta, se implementaron mejoras, incluyendo un nuevo organigrama, reglamentos de contratación y la creación de un Comité de Inversiones, buscando una gestión más eficiente y transparente.
La extensión de la intervención busca garantizar que la empresa esté en condiciones para su privatización definitiva y disolución, asegurando estabilidad en la operación vial durante el proceso.
