A pocas horas de que Uruguay se convirtiera en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia bajo determinadas condiciones —uniéndose a naciones como Colombia, Ecuador, Canadá, España y Bélgica—, la discusión sobre el derecho a decidir sobre la propia vida vuelve a resonar en la región. En Argentina, el tema aún no cuenta con una legislación específica, aunque distintos sectores de la medicina y el derecho reclaman un debate urgente.
El médico especialista en Emergentología y ex docente de Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos “Pecas” Soriano, analizó la ley aprobada por el Parlamento uruguayo y sus posibles impactos en el sistema sanitario argentino.
Morir dignamente: un avance histórico con matices
Soriano celebró la sanción de la Ley de Muerte Digna en Uruguay como un «gran avance para nuestros pueblos latinoamericanos, coherente con la historia progresista de Uruguay». No obstante, el bioeticista advirtió sobre un punto que considera crítico: la inclusión del concepto de terminalidad como condición para acceder al procedimiento.
“La terminalidad obliga al paciente a esperar que alguien certifique que su vida se acaba, aunque su sufrimiento sea irreversible. Es un término que el mundo está dejando de usar”, señala Soriano. En la mayoría de los países donde la eutanasia está regulada, la terminalidad dejó de ser una condición sine qua non.
En este sentido, el médico plantea una pregunta central sobre la autonomía del paciente:
“Un paciente puede padecer un cáncer avanzado o una enfermedad neurológica incurable, con sufrimiento físico o psíquico insoportable, y tener una expectativa de vida incierta. ¿Por qué debería esperar a ser declarado terminal para dejar de sufrir?”, se pregunta.
Si bien la legislación uruguaya contempla protocolos claros y controles médicos para garantizar que la decisión sea plenamente voluntaria, informada y libre de presiones externas, Soriano considera que es aún “demasiado burocrática” y atada a términos que limitan el principio central de la bioética moderna: la autonomía del paciente.
Acompañar la decisión de quien no quiere seguir sufriendo
Para el especialista cordobés, la discusión ética no pasa por debatir si una persona tiene derecho a morir, sino por respetar su decisión cuando ya no desea seguir sufriendo.
“No se trata de decidir quién vive o muere, sino de acompañar con respeto la decisión de quien no quiere seguir sufriendo”, expresó Soriano, destacando el valor de la autonomía y el acompañamiento del dolor como pilares éticos en el final de la vida y agregó: “Es una norma que combina el respeto a la libertad individual con el deber profesional de aliviar el sufrimiento”, detalló en referencia a la ley uruguaya.
Morir dignamente y el contraste con la legislación argentina
En contraste con el nuevo marco legal uruguayo, en Argentina solo existen marcos parciales, como la Ley de Derechos del Paciente y las disposiciones sobre Muerte Digna (Ley 26.742), que permiten rechazar tratamientos, pero no solicitar una intervención médica para acelerar el proceso de morir.
Para Soriano, el debate pendiente en el país es profundamente ético y cultural. “Nos cuesta hablar de la muerte como parte de la vida. A veces la medicina se aferra a la idea de curar, incluso cuando ya no hay nada que curar, y eso genera mucho dolor evitable”, señaló.
El médico sostiene que abrir esta discusión no implica promover la muerte, sino reconocer el derecho a una vida —y una despedida— en condiciones de dignidad y respeto. “Hablar de eutanasia no es renunciar a la esperanza. Es aceptar que, en algunos casos, la compasión también puede expresarse en permitir que alguien descanse”, concluyó.
El precedente Alfonso y la lucha por el derecho
En Argentina, la eutanasia todavía no está regulada, pero existen proyectos de ley que buscan habilitarla. Uno de ellos es el proyecto Alfonso, presentado en 2021 y nombrado así en honor a Alfonso Oliva, un joven con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que impulsó el debate público sobre el derecho a morir dignamente.
“Alfonso fue la primera persona que habló de eutanasia en el país”, recuerda Soriano. “No hay mayor inhumanidad que morir con dolor o morir incómodo”.
El especialista identifica tres obstáculos principales para avanzar en la legislación: la cúpula eclesiástica, la negligencia legislativa y el tabú cultural en torno a la muerte. Sin embargo, cita encuestas del CONICET que indican que el 80% de la población está a favor, lo que desarticula la idea de un freno popular.
“El principal obstáculo es la parsimonia de los legisladores. Este tema atraviesa todos los partidos políticos y debería ser tratado con la seriedad que merece”, apuntó.
Soriano insiste en que el derecho a morir dignamente no impone nada a nadie.
“Así como se respetan las creencias, hay que respetar a quienes desean una buena muerte asistida. El Estado debe resguardar las libertades individuales, como enseñaba Kant. Y morir sin dolor, en paz, también es un derecho humano.”
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