El juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N°2 de Mendoza, ordenó que el Programa de Atención Médica Integral (Pami) restituya la cobertura total del 100% en medicamentos para todos sus afiliados. La resolución, que tiene alcance nacional, responde a una medida cautelar impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), tras denunciar un recorte en el acceso al plan “Vivir Mejor”, vigente desde 2020.
El fallo suspende dos disposiciones del organismo emitidas en 2024, que habían condicionado el beneficio a los jubilados que cumplieran con determinados requisitos patrimoniales y de ingresos. Según el juez, esas normas “imponían una carga irrazonable y desproporcionada” sobre los beneficiarios, vulnerando derechos adquiridos.
Qué implica el fallo
Con esta decisión, el PAMI deberá volver a entregar los medicamentos esenciales sin exigir comprobantes socioeconómicos. El magistrado subrayó que el Estado posee herramientas suficientes para verificar la situación de cada afiliado sin imponer nuevos trámites o demoras.
La medida beneficia a más de cinco millones de personas mayores, muchas de las cuales habían quedado excluidas del programa por las restricciones impuestas el año pasado. La APDH celebró la resolución, afirmando que “marca un precedente en defensa de los derechos sociales de los jubilados y pensionados” y “frena el retroceso en materia de acceso a la salud”.
Antecedentes y próximos pasos
Durante 2024, distintas asociaciones de jubilados presentaron demandas colectivas en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Buenos Aires, denunciando la pérdida de cobertura total. El fallo de Quirós unifica el tratamiento judicial y extiende sus efectos a todo el territorio nacional.
El programa “Vivir Mejor” garantiza la entrega gratuita de medicamentos para patologías crónicas y de alto costo. Las modificaciones aplicadas por el PAMI el año pasado introdujeron criterios de exclusión que, según organizaciones sociales, vulneraban el principio de igualdad.
El organismo, dirigido por Esteban Leguízamo, tiene diez días para presentar un informe ante el juzgado y se prevé que apelará la medida, aunque deberá cumplirla de inmediato. La Cámara Federal de Mendoza ya había sancionado al PAMI en casos anteriores por incumplir cautelares, incluyendo multas diarias a la institución y a sus funcionarios.
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