Cada 3 de diciembre el mundo vuelve a poner el foco en una pregunta central: ¿cómo se garantiza la vida digna de millones de personas con discapacidad? La efeméride, invita a concientizar sobre nuestros derechos y esclarecer necesidades actuales.
Se superpone este año en Argentina con el debate más intenso en la materia: la Ley de Emergencia en Discapacidad, un proyecto que obtuvo la aprobación del Congreso, fue vetado por el presidente Javier Milei, y reactivado por ambas cámaras con una mayoría especial que obligó al Ejecutivo a promulgarlo, aunque bajo suspensión hasta que se definan las partidas presupuestarias.
La discapacidad no es una condición aislada
Tener una discapacidad condiciona la forma de transitar el mundo. Puede implicar dificultades motoras, sensoriales, cognitivas o comunicacionales, trayendo consigo sólidos desafíos en el día a día: desde el acceso a la salud, hasta utilizar el transporte público o simplemente moverse por una ciudad que no siempre fue diseñada para todos.
La discapacidad no es una condición aislada, es el resultado de cómo una persona interactúa con un entorno que, a menudo, no está preparado.
Que un niño no acceda a terapias, que un adulto no encuentre transporte accesible o que una familia deba esperar meses para que una obra social pague lo que corresponde es, precisamente, lo que transforma una condición individual en una vulneración colectiva.
Las barreras pueden ser físicas, sensoriales, cognitivas, económicas o burocráticas. Lo que se pone en juego no es solo la autonomía, sino la participación plena en la vida social, el acceso a derechos básicos y la posibilidad de construir un proyecto propio.
Una deuda vigente del estado
La «ley de emergencia en discapacidad» propone regularizar pagos atrasados, actualizar aranceles, reforzar pensiones no contributivas y garantizar el funcionamiento de talleres y centros de día. También plantea mejoras institucionales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la actualización del Certificado Único de Discapacidad y el cumplimiento del cupo laboral en el Estado.
Para quienes dependen de tratamientos, acompañamientos terapéuticos, subsidios vitales o servicios educativos accesibles, cada demora no solo implica un trámite, sino más bien un retroceso, una pérdida de progreso.
En el ámbito de la discapacidad, el tiempo tiene un impacto directo y concreto, no solo en su salud, sino también en su autonomía y calidad de vida. “Las personas con discapacidad no pueden esperar”, advirtieron organizaciones que marcharon al Congreso. Los especialistas coinciden en que un tratamiento interrumpido o postergado puede ser determinante, y en ocasiones fatal.
¿Qué implica esto en la convivencia y el cuidado?
Muchos tratamientos, kinesiología, fonoaudiología, terapias cognitivas, acompañamiento terapéutico, medicación especializada, requieren continuidad.
Cuando se interrumpen o no se autorizan a tiempo:
- se pierdan avances que costaron meses o años lograr;
- aparecen retrocesos físicos, emocionales o cognitivos;
- pueden agravarse síntomas o dificultades que estaban controladas.
1. Un retraso afecta rutinas y estructuras esenciales
- Si la obra social no paga, el prestador deja de atender.
- Si no se renueva el CUD, se pierden beneficios temporales.
- Si no se depositan pensiones o reintegros, la familia no puede sostener terapias.
2. El retroceso también es emocional y económico
Las familias cargan con una presión enorme:
- reorganizan rutinas
- cubren tratamientos a su propio costo
- buscan reemplazos
- pierden días de trabajo por trámites o reclamos
Todo eso repercute en la estabilidad emocional del entorno y de la persona con discapacidad.
4. En algunos casos, la demora puede ser irreversible
Hay períodos críticos, sobre todo en la infancia o en enfermedades degenerativas, en los que perder meses de tratamiento implica perder oportunidades de desarrollo que no se recuperan.
Desde el Gobierno, en cambio, se argumenta que esto resulta regresivo, “asistencialista” y económicamente inviable. La ANDIS y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistieron en que “no existen los recursos” para sostener la actualización presupuestaria que requiere el sector.
Todos conocemos o vimos alguna vez a alguien que tenía alguna discapacidad, son parte de nuestra sociedad. ¿Qué implica esto?.
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¿Cómo podemos hacer algo? ¿Qué podría hacer la diferencia?
En tiempos donde el individualismo se presenta como valor predominante y la autosuficiencia parece la medida de todo, reconocer la existencia y la necesidad del otro se vuelve un acto crítico y disruptivo.
Pedir ayuda o admitir que se requiere apoyo todavía es visto como una debilidad, cuando en realidad es parte esencial de cualquier sociedad que aspire a ser humana. Es parte del vivir en comunidad con un otro.
Recordar esta efeméride es señalar que la fortaleza no está en la autosuficiencia, sino en la capacidad de reconocer que en todo momento estamos dependiendo de alguien para vivir, trabajar, y movernos.
Por lo que es un absurdo no pensar con empatía y respeto a ese otro que nos cruzamos al pasar o con frecuencia en la cotidianeidad. Porque la verdadera inclusión no se declama: se construye todos los días, mirando al otro y entendiendo que nadie, absolutamente nadie, vive solo.
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