Una investigación ciudadana impulsada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba arrojó resultados preliminares que sugieren una posible contaminación persistente en la cuenca del río San Antonio, originada en el dique de colas de la ex mina de uranio Los Gigantes, cerrada hace décadas. Los hallazgos, que ponen en duda las afirmaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se produjeron en un contexto de extrema dificultad para acceder al sitio, el cual se encuentra fuertemente vigilado.
El escenario: un legado tóxico bajo vigilancia
La mina de uranio operó en la década de 1980 en la Pampa de Achala, dejando como pasivo ambiental un enorme dique de colas (depósito de desechos) que nunca fue remediado de manera completa, pese a los subsidios millonarios recibidos por la CNEA para tal fin. Hace meses, se filtró información sobre una antigua rotura de la membrana impermeabilizante del dique y sobre desbordes ocurridos durante lluvias intensas.
Ante la negativa de la CNEA a reconocer un riesgo de contaminación hacia la cuenca –que desemboca en el lago San Roque–, la APDH conformó un equipo multidisciplinario para realizar un monitoreo independiente. El grupo, integrado por un médico, un biólogo del CONICET, un guía de montaña y un periodista ambiental, logró acceder, evadiendo controles privados y cámaras de seguridad, al estratégico Arroyo Cajón, el curso de agua que recibe los drenajes subterráneos y los desbordes superficiales del dique.
La evidencia: bioindicadores que alarman
La metodología fue sencilla pero poderosa: comparar la vida acuática del Arroyo Cajón (potencialmente afectado) con la del cercano Arroyo Vatán, ubicado en la misma zona pero ajeno a la influencia del dique. Los resultados fueron contundentes:
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El Arroyo Cajón presentó una menor diversidad de organismos acuáticos.
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En el Arroyo Vatán se encontraron especies bioindicadoras sensibles a la contaminación, que estuvieron totalmente ausentes en el Cajón.
«Si bien factores como la presencia de truchas (depredadoras) en el Cajón podrían influir, la ausencia de especies sensibles es una señal clásica de estrés ambiental», explicó el biólogo Fernando Barri, miembro del equipo. «Estos resultados, aunque no son concluyentes por sí solos, son una fuerte señal de alerta que sugiere que podría haber aún una carga de materiales radiactivos y metales peligrosos afectando el ecosistema».
Un daño que perdura: 40 años sin recuperación
El informe recuerda que durante el funcionamiento de la mina, el Arroyo Cajón tenía una ausencia total de vida acuática. Cuatro décadas después, la biodiversidad no se ha recuperado en toda su magnitud, indicando que el impacto de la minería de uranio es profundo y duradero.
«El enorme esfuerzo por impedir el acceso con guardias y cámaras genera más sospechas que tranquilidad», denunció Medardo Ávila Vázquez, médico integrante de la APDH. «Si no hay nada que ocultar y no hay peligro, ¿por qué se restringe tanto el ingreso para una inspección civil? Lo que no quiere ser visto, es precisamente lo que la sociedad necesita ver».
La deuda pendiente: reclamos ante la opacidad
El equipo de la APDH sostiene que sus hallazgos, sumados al historial de roturas y desbordes, exigen acciones urgentes:
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Una investigación oficial integral e independiente, no conducida únicamente por la CNEA, que realice análisis químicos y radiológicos de agua y sedimentos.
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La liberación de todos los estudios que la CNEA haya realizado sobre el estado del dique.
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La elaboración inmediata de un plan de remediación real, con control social.
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Garantizar el acceso público para monitoreos independientes.
Hasta el cierre de esta edición, la CNEA no había respondido a los nuevos planteos formulados a partir de esta investigación ciudadana. El caso de Los Gigantes se erige como un símbolo de los riesgos eternos que deja la megaminería cuando el Estado falla en el control y la remediación, y de la lucha de la sociedad civil por transparentar lo que parece querer permanecer oculto en las altas cumbres de Córdoba.
