Durante 2025, los establecimientos de secado del país procesaron 889,3 millones de kilogramos de hoja verde, lo que significó una retracción del 9,9% respecto al récord alcanzado en 2024. La caída del volumen se vincula a factores biológicos, como la enfermedad del rulo, y a la baja rentabilidad de los productores primarios.
Los datos se desprenden de un informe sectorial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado “Análisis sobre la evolución reciente del complejo yerbatero”, con datos a diciembre de 2025 y publicado en febrero de 2026.
En contraste con la producción, el comercio exterior registró cifras positivas. Las exportaciones de yerba mate alcanzaron los 58,0 millones de kilogramos en 2025, con un incremento interanual del 32,4% y un récord histórico para el sector. La demanda en nuevos mercados de Europa y Medio Oriente impulsó el crecimiento y consolidó a Siria, Chile, España y Estados Unidos como principales destinos.
El consumo interno mostró una recuperación del 3,1% interanual y llegó a 266,8 millones de kilogramos. Sin embargo, el nivel se mantiene 6,5% por debajo de los registros de 2023.
Tras la implementación del DNU 70/2023, que eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia, se profundizó la brecha entre el valor de góndola y el ingreso en origen. A diciembre de 2025, el productor percibía apenas el 11% del precio final, el nivel más bajo desde 2019.
El costo de producción de un kilogramo de hoja verde se estimó en $424 (sin impuestos ni margen de rentabilidad), mientras que el precio máximo pagado al productor en diciembre fue de $180. La diferencia implicó una pérdida mínima de $244 por kilo, equivalente al 136% de lo percibido por el trabajador rural.
El escenario derivó en la generalización de pagos diferidos de hasta 120 días y en un aumento de cheques rechazados dentro de la cadena. Ante la falta de previsibilidad, sectores del complejo yerbatero anunciaron medidas como la “no cosecha” en la zafra de verano.
También se registró un incremento del éxodo laboral hacia Brasil, donde trabajadores rurales buscan mejores ingresos frente a la caída de la sustentabilidad de las economías regionales vinculadas a la actividad.
