En un movimiento sin precedentes para fortalecer la política criminal contra el narcotráfico, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la mayor ampliación del listado taxativo de sustancias consideradas estupefacientes en la historia del país. A través del Decreto 122/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se incorporaron 254 nuevas sustancias al régimen de fiscalización establecido originalmente por el Decreto N° 560/2019.
La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni y Alejandra Susana Monteoliva, responde a la aparición constante de las denominadas Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP). Estas sustancias, según define la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), son compuestos de abuso que pueden suponer una grave amenaza para la salud pública y que, hasta ahora, no estaban bajo control internacional estricto.
El nuevo anexo incluye una amplia variedad de compuestos con alto potencial neurotóxico y adictivo. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran:
- 8 análogos del Fentanilo y 3 opioides sintéticos.
- 45 catinonas sintéticas y 31 cannabinoides (tanto sintéticos como semi-sintéticos).
- 34 benzodiazepinas y 11 barbitúricos.
- 9 nitacenos, 10 lisergamidas y diversas sustancias psicotrópicas.
La decisión de incluir estas sustancias no fue arbitraria; se basó en informes técnicos que confirmaron su presencia efectiva en el territorio nacional mediante incautaciones de las fuerzas de seguridad y reportes de laboratorios especializados. Además de las drogas de diseño, el decreto pone la lupa sobre fármacos de uso terapéutico que son desviados de circuitos legales (como farmacias o veterinarias) hacia el mercado ilícito para usos recreativos o policonsumo con alcohol.
El Gobierno justificó la medida advirtiendo que estos compuestos afectan significativamente el Sistema Nervioso Central, pudiendo provocar intoxicaciones agudas, sobredosis y daños neurológicos crónicos.
Para la elaboración de este nuevo listado, resultó fundamental el trabajo del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y la Red Federal de Laboratorios Antidrogas, organismos creados para detectar precozmente nuevas modalidades de consumo y facilitar el intercambio de información entre expertos químicos y fuerzas de seguridad. Asimismo, se tomaron en cuenta recomendaciones de organismos internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Con esta actualización, Argentina busca dotar a la justicia de herramientas regulatorias modernas frente a un fenómeno que el propio decreto califica como «dinámico, transnacional y en constante evolución». La norma entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
