La Justicia de Córdoba avanzó con el proceso judicial por los incidentes registrados durante una protesta frente a la Secretaría de Políticas Sociales del municipio y resolvió elevar a juicio la causa que involucra al dirigente sindical Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Córdoba.
El requerimiento fue presentado por la fiscalía a cargo de José Mana De Aragón, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos el 28 de agosto durante una movilización de organizaciones sindicales y sociales frente a la Municipalidad de Córdoba.
Detenciones tras la protesta
Durante aquella jornada de reclamo, dirigentes sindicales, militantes y trabajadores fueron detenidos en un operativo policial que culminó con su traslado al Complejo Carcelario de Bouwer. Entre ellos se encontraba Giuliani, quien, según denunciaron desde el gremio, permaneció alrededor de 24 horas esposado a una cama en un hospital.
También fue detenida Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba, junto a otros militantes y trabajadores que participaban de la manifestación.
De acuerdo con la versión difundida por el sindicato, entre los aprehendidos se encontraban además César Theaux, quien se encontraba en el lugar brindando asistencia legal y se identificó como abogado, y el trabajador de prensa Fermín Denipoti, que cubría los hechos y se presentó como periodista. Ambos también fueron trasladados a Bouwer.
Cuestionamientos a la investigación
Desde ATE Córdoba sostienen que la causa judicial se apoya en testimonios contradictorios y en hechos que, según afirman, no fueron debidamente verificados durante la investigación.
Entre los puntos cuestionados, el gremio señala que algunos empleados municipales declararon haber observado desde el interior del edificio supuestos hechos ocurridos en el exterior durante la protesta. Sin embargo, según indican, los vidrios del edificio se encuentran ploteados, lo que impediría la visibilidad hacia la calle.
Asimismo, remarcan que ciertos testigos incluidos en la causa señalaron que fueron efectivos policiales quienes colocaron escritorios y otros elementos dentro del lugar, lo que, según la organización, contradice la hipótesis acusatoria.
Otro de los cuestionamientos apunta a que, en la investigación, no se habría identificado de manera concreta a los responsables individuales de las acciones denunciadas, lo que para el sindicato evidencia debilidades en la acusación.
Un funcionario policial fuera del expediente
ATE también denunció la ausencia en el expediente de un subdirector de la Policía que, según sostienen, estuvo presente durante el operativo del 28 de agosto.
De acuerdo con la organización, ese funcionario habría aparecido en la escena durante la jornada, pero no fue mencionado en las declaraciones de los efectivos policiales de menor rango ni figura en los registros de la causa, pese a que su presencia fue señalada en una denuncia presentada por el sindicato.
Debate sobre la protesta social
Para el gremio, el avance del proceso judicial debe interpretarse dentro de un contexto más amplio de tensión entre organizaciones sociales y el Estado en torno a las movilizaciones y reclamos en el espacio público.
Desde ATE Córdoba sostienen que el caso constituye un intento de disciplinar a organizaciones sindicales y sociales que se manifiestan frente a políticas económicas y sociales que cuestionan. En ese marco, advirtieron que continuarán reclamando el respeto al derecho a la protesta.
El caso ahora quedará en manos de la instancia judicial correspondiente, que deberá definir la realización del juicio oral en el que se analizarán las responsabilidades por los hechos ocurridos durante aquella jornada de protesta.
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